- La alcaldesa María Elena “N”, quien tiene abierta una investigación por homicidio, mantenía nexos con la organización criminal
La penetración del crimen organizado a los gobiernos municipales del Estado de México es tal que en el municipio de Amanalco, el cabildo tenía que entregar hasta 100 mil pesos a la Familia Michoacana por cada acuerdo que el cuerpo edilicio hiciera, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).
La carpeta de investigación por homicidio calificado en contra de la alcaldesa, María Elena “N”, dejó ver que tanto ella, como el síndico, Miguel Ángel Lara de la Cruz, mantenían comunicación con los líderes del citado cártel.
Durante la audiencia de formulación de imputación se indicó que sostenían reuniones en el municipio de Luvianos, en una ubicación que era dada por los líderes criminales.
Ahí discutían sobre el rumbo de la administración y lo único que le interesaba a la agrupación era trabajar.
Algunos de los pactos que tenían era entregar la cantidad de 100 mil pesos por cada acuerdo tomado en el cabildo y hacer entregar de la mitad de todo el presupuesto que recibirían de manera anual.
Además, la misma indagatoria establece que la alcaldesa también tenía reuniones con un sujeto identificado como El Pelón, supuesto líder de plaza en la región y a quien avisaba de los operativos de la fiscalía para evitar ser detenidos.
Diferencias políticas llegaron a oídos del narco
Amanalco es un municipio ubicado al sur del Estado de México que en 2021 fue ganado por María Elena “N”, a través de Movimiento Ciudadano; no obstante, a semanas de iniciar la administración en enero de 2022, decidió cambiarse a Morena, hecho que molestó a simpatizantes y a la ciudadanía, quienes buscaban una opción de partido distinta.
El principal opositor fue el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, y durante varios meses hubo diferencias políticas al respecto.
Cabe señalar que María Elena “N” es investigada por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio del servidor público y de su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, ocurridos en enero de 2023.
La investigación apunta que aparentemente les dio la instrucción de ir a una reunión en Zacazonapan, sitio en el que indicó a diversas personas que lo “eliminaran”, ya que simbolizaría un impedimento para sus objetivos en la administración municipal.
La indagatoria estableció que en la conversación dijo: “Miguel Ángel no ha querido entender, ya le dirigimos, pero si queremos seguir trabajando, tenemos que eliminarlo” (sic).
Al día siguiente de la instrucción fue localizado un automóvil rojo con el cuerpo del síndico y su chofer, ambos con múltiples lesiones en el cuerpo y rostro, pero también con impactos de arma de fuego, de acuerdo con el peritaje expuesto en la audiencia.
Previo a este posible homicidio, presuntamente los líderes de la Familia Michoacana tuvieron una reunión al respecto con los involucrados y les recomendaron que lo resolvieran entre ellos, especialmente porque se le veían gente que trabajaba en conjunto desde hace varios años.
Se sabe que ahora la alcaldesa se enfrenta cargos por homicidio, ya que aparentemente estaría detrás de la muerte de Lara de La Cruz y de los detenidos hasta el momento por el “Operativo Enjambre”. Es la única que enfrenta un proceso judicial por este delito.
Sigue el operativo; van por dos alcaldesas más
De acuerdo con fuentes consultas por MILENIO, el “Operativo Enjambre” habría detectado a 14 objetivos de distintos niveles municipales que estarían relacionados con una serie de eventos delictivos.
Fueron giradas 14 órdenes de aprehensión, de las cuales, 7 terminaron en detenciones y una octava no se concluyó porque el director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortes, decidió terminar con su vida con un disparo de arma de fuego antes de enfrentar a la justicia.
Esto deja pendientes seis órdenes de aprehensión, entre ellas las de los directores de Seguridad Pública de Chicoloapan, Coacalco y Jilotzingo.
Asimismo, se busca dar con el paradero de María del Rosario Matías Esquivel , alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y de Evelia Marlem Ayala Sánchez, presidenta municipal de Tonatico.
Sobre la primera, versiones consultadas refieren que días antes del “Operativo Enjambre” dejó de ser vista en el municipio; mientras que la segunda continúa prófuga de la justicia; sin embargo, autoridades lograron detener a su esposo Ellery “N”, quien hasta hace unos días fungía como director del DIF local y enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el delito de extorsión al pedir 10 mil pesos a vendedores.
Conviene recordar que, de acuerdo con un reporte de la fiscalía mexiquense, la Familia Michoacana tiene presencia en 75 municipios, incluidos estos tres en donde las alcaldesas son investigadas.
Con información del periódico Milenio
