El Congreso del Estado de México declaró la constitucionalidad de la reforma judicial, un cambio significativo que incluye la elección popular de personas magistradas y juzgadoras, así como la creación de órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Los ayuntamientos respaldaron esta medida con una votación mayoritaria de 100 votos a favor y 3 en contra.
La reforma judicial establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial presentarán postulaciones mediante comités de evaluación que seleccionarán a los mejores perfiles tras una fase abierta, transparente e inclusiva. Estos listados serán enviados al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), encargado de organizar y supervisar el proceso electoral del 1 de junio de 2025.
El IEEM publicará resultados, entregará constancias y asignará cargos alternadamente entre mujeres y hombres. La elección cubrirá la totalidad del Tribunal de Disciplina Judicial y parte de las magistraturas, mientras que las vacantes de jueces serán ocupadas por jubilaciones o retiros programados. Para 2027, se renovarán todos los cargos.
El Tribunal de Disciplina Judicial recibirá denuncias, investigará y sancionará a servidores públicos judiciales que incumplan con principios éticos o legales. Este tribunal estará conformado por cinco personas electas por la ciudadanía, con mandatos escalonados de seis años.
El Órgano de Administración Judicial, integrado también por cinco personas, gestionará temas administrativos y relacionados con la carrera judicial. Además, la reforma prohíbe suspensiones en controversias constitucionales locales, fortaleciendo la estabilidad legal en el Estado de México.
La reforma prevé procesos claros para la designación de la presidencia interina del Tribunal Superior de Justicia, cuyo titular será nombrado hasta la implementación de las nuevas medidas. También define causales para la sustitución de esta figura, garantizando una transición ordenada.
La declaratoria distingue un acontecimiento histórico en el sistema judicial mexiquense al fomentar la participación ciudadana, mejorar la administración judicial y reforzar los principios éticos en el servicio público.
