Desde el pasado lunes 17 de febrero y este miércoles 19, gran parte de los habitantes de los municipios que conforman el Valle de Toluca hemos sido rehenes de lasmovilizaciones con motivo de algunas expresiones religiosas, así como de manifestaciones sociales que se generaron en estas fechas.
Con estas marchas y bloqueos se generaron importantes afectaciones en las vías más importantes de comunicación dentro de la quinta zona metropolitana más importante del país con el consecuente impacto en múltiples actividades productivas.
Aunque, si bien es cierto que la manifestación es un derecho e incluso está garantizada por diferentes normativas, así como por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso Amnistía Internacional, las y los ciudadanos de a pie no podemos quedar en medio de movilizaciones que impactan a terceros.
Históricamente México se ha caracterizado por ser un país de libertades plenas, en el que todos tenemos el derecho de expresarnos, manifestarnos y transitar libremente, sin embargo, se debe tener muy en claro qué esta libertad no autoriza que se vean afectados nuestras fuentes de trabajo, nuestro patrimonio y nuestra esfera jurídica.
Sobre todo, ante movilizaciones que tuvieron una duración de entre 4 y 6 horas, con la consecuente paralización y unsinfín de afectaciones a nivel económico, llama la atención la falta de respuestas, soluciones o alternativas por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para dar solución a estas movilizaciones que se informaron cuando menos con un par de días de anticipación a través de algunos medios de comunicación, así como de redes sociales.
Por ello, es necesario cuestionar cuál es el nivel deresponsabilidad que tienen los gobiernos federales, estatales, así como municipales, para construir y establecer otras formas de comunicación que resulten más efectivas con ciudadanos que buscan establecer contacto ante sus demandas. Es necesario evitar que negocios, trabajadores, estudiantes, amas de casa y ciudadanía en general sean presa de movilizaciones que afectan su cotidianidad.
Si bien, los cerca de 22 mil peregrinos con destino a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, así como los integrantes de la Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana, los transportistas del Sindicato del Cemento, así como los trabajadores del sector Salud mexiquense tienen derecho a mostrar sus creencias, así como su desacuerdo con los distintos temas de su interés, se debe velar el derecho al libre tránsito del resto de la ciudadanía.
Y aunque para las autoridades mexiquenses, estas movilizaciones registraron un saldo blanco, no dejan de llamar la atención las afectaciones que éstas provocaron paramiles de personas que tuvieron que buscar alternativas de movilización para acudir, o en algunos casos cancelar, su asistencia a sus espacios de trabajo, citas médicas y/o actividades escolares.
En un país con derechos, libertades y obligaciones, no podemos coartar las garantías individuales de cada ciudadana o ciudadano.
