En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra reforma judicial, por lo que la reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y se puede considerar como legal.
Con esto, la Suprema Corte ha desestimado los planteamientos expuestos por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la modificación a las normas constitucionales que modifican al Poder Judicial de la Federación.
En la sesión del 5 de noviembre dentro de la Suprema Corte eran necesarios 8 votos para invalidar parcialmente la norma, como en su momento lo propuso el ministro Juan González Alcántara Carrancá. Sin embargo, desde el inicio de la discusión se previó que no se alcanzarían los sufragios necesarios porque el ministro Alberto Pérez Dayán estableció que el Alto Tribunal no cuenta con facultades para revisar el contenido de las reformas constitucionales sean estas estructurales o no.
Ante esto, el pleno del máximo tribunal determinó no entrar al fondo del asunto y dejar viva la reforma judicial.
Cabe mencionar que esta reforma tiene como ejes centrales la elección popular de más de mil 600 cargos en el Poder Judicial, destacando la de los ministros de la Suprema Corte, consejeros dentro del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Esta reforma también busca reducir de 11 a 9 los ministros que integran la Suprema Corte, mientras que la presidenciade esta sería renovada cada 2 años de forma rotatoria. Además, los ministros permanecerán en su cargo 8, 11 y 14 años, con base en el número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor.
Los ministros electos en 2025 no podrán ser beneficiarios del haber por retiro, pensión vitalicia (aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo). Asimismo, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente o presidenta.
Sobre jueces y magistrados, se plantea un periodo de 9 años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva.
Siendo los requisitos indispensables para poder aspirar a estos cargos el contar con un título profesional en Derecho y un promedio de 8 a 9 en las materias afines, experiencia de al menos 5 años en la actividad jurídica. Así como entregar ensayos y 5 cartas de referencia de vecinos y colegas, que respalden su postulación.
Tras esta decisión, y más allá de los términos legales, constitucionales y lo concerniente al tema jurídico, hoy en día como ciudadanía, empresarios, funcionarios públicos debemos tener muy presente que la reforma judicial ya está completamente determinada sin que esto pueda tener marcha atrás.
Siendo la única vía posible para frenar esta reforma, una resolución supranacional por parte de, quizá la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, existen antecedentes que demuestran la poca viabilidad de que esto suceda, como sucedió en el caso de Jorge Castañeda y algunos otros cuestionamientos por parte de cortes internacionales y que no han tenido un efecto directo.
Ahora, será momento de que las autoridades competentes comiencen a resolver algunas cuestiones de forma para que la reforma judicial se lleve implemente en todo el país.
En este sentido, si bien, desde las representaciones del poder ejecutivo y legislativo a nivel federal se han pronunciado a favor de llevar a cabo la reforma judicial en México en tiempo récord, hasta ahora no se ha planteado de dónde saldrán los recursos necesarios para implementarla sin demoras.
