Los implicados, a nombre de una financiera, engañaron a las víctimas haciéndoles creer que si invertían su dinero, tendrían la calidad de socios y obtendrían ganancias superiores a las del mercado general.
Tenancingo, Estado de México, 26 de mayo de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 1069 años y 6 meses de prisión para Mario Alberto Becerril García y María Angélica Díaz Pichardo, tras acreditar su participación en la comisión del delito de fraude en agravio de 229 víctimas.
La Autoridad Judicial, luego de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Agente del Ministerio Público de esta Institución, dictó esta condena para los acusados, quienes además deberán pagar una multa de 2 millones 370 mil 451 pesos y 74 millones 836 mil 214 pesos como reparación del daño.
Las indagatorias de la Fiscalía estatal precisaron que en el periodo de febrero de 2010 a enero de 2020, los ahora sentenciados y una persona más defraudaron a 229 víctimas. Los implicados, a nombre de la financiera denominada “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, engañaron a las víctimas haciéndoles creer que si invertían su dinero en dicha financiera, tendrían la calidad de socios y obtendrían ganancias superiores a las del mercado general, que iban del 12% al 20% anual.
Derivado de lo anterior, las víctimas invirtieron su capital en la financiera “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, ubicada en la colonia Centro del municipio de Tenancingo. Realizaron entregas de dinero en efectivo o depósitos en la cuenta bancaria a nombre de dicha financiera; inversiones que sumaron la cantidad de 91 millones 343 mil 783 pesos.
Posteriormente, en agosto de 2019, las víctimas solicitaron la devolución de su dinero y los rendimientos generados, no obstante, los imputados se negaron, argumentando que no tenían dinero para realizar dichos pagos.
Por ello fueron denunciados estos hechos delictivos ante el Agente del Ministerio Público, quien inició una indagatoria por el delito de fraude y con el avance en las mismas fue posible identificar a los responsables.
Con los datos aportados por el Ministerio Público y tras el proceso legal, fue dictada esta sentencia de condena contra los implicados.
