Vida Pública
Arturo Huicochea
Solo los ayuntamientos que mejoren la seguridad pública municipal merecerán reconocimiento ciudadano, cosecharán respaldo social y asegurarán éxito político para quienes los presiden e integran. Sin seguridad, no habrá transformación.
Por eso es importante precisar que la seguridad pública NO se conoce por el número de denuncias de delitos presentadas ante el Ministerio Público, lo que la Fiscalía llama: “incidencia delictiva”, porque esa cifra representa menos del cinco por ciento de los delitos e infracciones que perjudican a la gente, una mínima expresión no representativa de los que en realidad ocurren, ya que la mayoría de los delitos y la casi totalidad de infracciones administrativas no se denuncian.
La seguridad pública municipal se mide 1. registrando todas las acciones antisociales –delitos e infracciones- que ocurren en cada calle, de cada cuadrante, de cada sector, en los que la policía divide el territorio de colonias, barrios, y pueblos del respectivo municipio, ya que este registro sí refleja los problemas que agravian a la población en su conjunto.
Se mide también, 2. investigando científicamente la percepción de inseguridad que experimentan los gobernados; 3. indagando cuáles son las circunstancias, lugares, horarios y escenarios en los que la gente percibe más peligro y siente temor a ser víctima de algún delito; 4. enlistando los sitios en los que sucede cada crimen y el perfil delincuencial de cada uno de los responsables; y 5. por el impacto emocional y material de cada delito en sus víctimas y familiares, así como 6. los gastos en los que haya incurrido después, para subsanarlo. También es indispensable 7. contabilizar e identificar todas las conductas antisociales que, aunque no llegan a ser delito, generan molestias y conflictos, y deben ser corregidas por medio de justicia cívica.
Los siete datos anteriores es posible conocerlos aplicando una encuesta especializada, que sea la base del diagnóstico completo, realista y útil, sobre el que se elabore el Programa Municipal de Seguridad Pública, que ordena le Ley de Seguridad del Estado de México, y que debe ser parte del Plan de Desarrollo Municipal. Cabe decir que prácticamente ningún ayuntamiento hace este ejercicio indispensable de investigación, así que ni se enteran de lo que más molesta a sus gobernados, y los malos resultados de los ocho gobiernos municipales mexiquenses, únicos que evalúa el INEGI, lo confirman pues, mientras en ciudades como San Pedro Garza García, en Nuevo León, la percepción de inseguridad es menor al 12%, Atizapán de Zaragoza presume ser el más seguro del Estado de México con más de la mitad de su población que vive con temor a ser víctima de los delincuentes. De los otros 117 municipios mexiquenses, ni siquiera existen datos, así que es imposible saber si mejoran o empeoran –aunque sus gobiernos siempre dirán que mejoran- pues se desconoce su nivel actual se inseguridad, y no puedan demostrar mejora alguna.
En EICSA sabemos que únicamente el ayuntamiento de Nezahualcóyotl en el trienio 2019 – 2021, años en los que ese municipio fue considerado el más seguro, sí medía pues, en esa época, esta casa llevó a cabo esas encuestas.
En pocas palabras: para ser exitosos, los ayuntamientos que acaban de iniciar su periodo de gobierno necesitan llevar a cabo su Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Inseguridad, preferentemente antes de promulgar el bando municipal de policía y buen gobierno, ya que su estrategia de seguridad requerirá una sólida base jurídica local.
Trabajando con Estrategia, los flamantes presidentes municipales electos y reelectos cumplirían la que Tomás Hobbes calificó como la primera y más importante razón de la existencia del gobierno: evitar “el estado de naturaleza”, e imponer la seguridad y la justicia, que son base del “Estado de Derecho” sobre el que es posible la vida civilizada.
