El Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura votó en contra de la Reforma Judicial del Estado de México, argumentando que vulnera la división de poderes, compromete la independencia judicial y no mejora la justicia ordinaria. A pesar de ello, presentó reservas al dictamen, mismas que fueron aprobadas para proteger la autonomía judicial y garantizar una transición menos lesiva.
La diputada Mercedes Colín destacó que la reforma implica riesgos graves, como el control de candidaturas, altos costos económicos y la creación de un tribunal disciplinario con poderes excesivos. Asimismo, propuso que una verdadera reforma debería incluir la profesionalización policial, mejoras en defensorías públicas y justicia digital.
Entre las reservas aprobadas, destacan ajustes para garantizar una transición estable en la renovación de magistrados y la continuidad del Consejo de la Judicatura hasta que entre en funciones un nuevo órgano de administración judicial.
