La diputada Zaira Cedillo Silva (Morena) propuso reformar el Código Penal estatal para considerar el robo de agua potable como un delito grave, con penas de hasta 30 años de prisión y multas de 2.8 millones de pesos.
Durante sesión deliberante, Cedillo Silva destacó que el 40% del agua en la entidad es robada o desviada a través de tomas ilegales. La iniciativa también busca sancionar a quienes distribuyan agua sin permiso, impidan su flujo o se apropien de infraestructura hidráulica.
Además, los servidores públicos que incumplan con la supervisión del suministro podrían ser inhabilitados por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
Legisladores de Morena, PAN, PT y PVEM respaldaron la propuesta, que ahora será analizada en comisiones para su posible aprobación.
