Artículo 19: menos violencia a periodistas

Diario Ejecutivo

Roberto Fuentes Vivar

  • Asesinatos bajaron 50%, agresiones casi 20%
  • Tren Maya, G. México, AICM, CMN, Energía

Esta semana la organización Artículo19 presentó su reporte sobre México en 2023, en el cual documenta que durante el año pasado se registró una menor violencia contra el gremio que en 2022.

Seguramente el informe no mereció primeras planas de los diarios y medios convencionales porque los datos duros reflejan que 2023 fue el año con menos asesinatos a comunicadores desde hace 10 años y con un porcentaje de decremento en agresiones no registrado desde 2010.

(Desde hace muchos años, antes de que iniciara este sexenio y el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara públicamente a Artículo19, personalmente he publicado que algunos elementos de juicio de esta organización me parecían sesgados por el origen de su financiamiento. Sin embargo, siempre le he reconocido que es el organismo no gubernamental internacional que con mayor seriedad ha acompañado muchos de los casos en que los periodistas se encuentran amenazados.)

En síntesis se documentaron 561 agresiones contra la prensa, “lo que significa que en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor. Esta cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de 5 periodistas[3] con un posible vínculo a su labor periodística[4]: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua)”.

Añade: “No obstante, en cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por ARTICLE 19 presentaron una reducción del 19.40 por ciento con respecto al año 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en registros de la organización. Una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos”.

El informe se titula “Violencia contra la Prensa en México 2023 ¿Cambio o continuidad?” y señala que la significativa reducción en 2023, “conlleva a reflexionar sobre los reportes de violencia de la prensa: ¿hay una continuidad de la violencia pero menos reportes?, ¿o, efectivamente, hay un cambio real en las tendencias? Por un lado, es posible que los cambios gubernamentales en los últimos años, y la creación de más instituciones y mecanismos de protección y atención a víctimas, hayan reducido los reportes de violencia a los actores no estatales. Por otro lado, al igual que el periodo de Felipe Calderón, pudiera ser sólo un año de reducción que después, desafortunadamente, pudiera incrementar en el último año del sexenio”.

Algo interesante es que menciona reducción de la violencia a periodistas en Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, en donde pasaron de tener más de 30 casos cada uno, a menos de una decena. Solo tres entidades (Hidalgo, Zacatecas y Querétaro no se registraron agresiones, mientras que hubo otras en donde el incremento fue bastante notorio, como Guanajuato que pasó de tener 26 agresiones en 2022 a 38 agresiones registradas en 2023.

En cuanto a la tipología de violencia que vivieron periodistas y medios de comunicación este año, se encuentran los mismos patrones que se han reportado en los últimos años. Las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023 fueron: 1) intimidaciones y hostigamientos; 2) el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como 3) las amenazas tanto en la esfera física como digital. Las cifras de estas tres categorías de agresiones representan el 58.82 por ciento del total de hechos violentos que fueron registrados este año.

Concretamente hubo 124 casos documentados de intimidación y hostigamiento; 106 de uso ilegítimo del poder público (aquí se contabilizan la estigmatización desde la tribuna pública y los procesos de acoso judicial, así como los 22 procesos judiciales iniciales  contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e inclusive penales), y la categoría de amenazas acumuló 100 casos, de las cuales 38 casos fueron en línea, aunque la gran mayoría ocurrió directo en cobertura, o en los propios domicilios de periodistas.

En cuanto a quienes ejercieron violencia contra periodistas, Artículo 19 lamenta que “el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16 por ciento del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93 por ciento), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10.16 por ciento), finalizando con 25 casos de agresiones provocadas por partidos políticos (4.46 por ciento). A su vez en 97 ocasiones (17.29 por ciento) ARTICLE 19 pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor”.

En el desglose indica que de los 287 ataques por parte del Estado Mexicano, son los funcionarios públicos civiles quienes, en 204 ocasiones (71.08 por ciento), agredieron a la prensa, principalmente a través del uso ilegítimo del poder público y las intimidaciones. Le siguen las fuerzas de seguridad civiles (fuerzas policiales o guardias de seguridad contratados por funcionarios) con 75 casos. Cabe resaltar que las fuerzas policiales fueron responsables de al menos 15 lesiones a periodistas, así como 10 detenciones arbitrarias. El organismo documentó al menos 8 casos donde personal de las fuerzas armadas fueron quienes agredieron a las y los periodistas en sus coberturas, principalmente bloqueos informativos, algunos de ellos con uso de fuerza física.

En lo que respecta a los niveles de gobierno, en el 2023 las autoridades estatales son el nivel de gobierno con más agresiones contra la prensa con 126 casos documentados (43.90 por ciento de las agresiones por parte del Estado Mexicano). Al igual que en 2022, el gobierno Federal mantuvo su rol como el segundo nivel de mayores agresiones (91 casos, o 31.71 por ciento). Finalmente los gobiernos municipales fueron responsables de 70 casos, o el 24.39 por ciento.

Por su parte, los grupos de delincuencia organizada se vinculan principalmente a amenazas, consolidando 30 casos. Así, tres de cada 10 casos de amenazas en el país provienen de la delincuencia organizada. También hubo 14 casos de ataques físicos tanto a periodistas como a sus bienes materiales y, al menos, cuatro privaciones de la libertad donde se pudo documentar de manera explícita el involucramiento de la delincuencia organizada. En los cinco asesinatos documentados este año la delincuencia organizada presuntamente tuvo un vínculo directo o indirecto con los hechos.

“Esto resalta que, aunque sean un porcentaje menor desde una visión cuantitativa, la violencia de la delincuencia organizada representa un grave riesgo para la prensa. Ello no significa que, detrás de los asesinatos, la autoría intelectual radique únicamente en grupos criminales, por el contrario, suelen ser grupos políticos que actúan en complicidad con las organizaciones delincuenciales”, dice el documento.

De acuerdo con el informe, la Ciudad de México, es la entidad con mayor número de agresiones, posición que mantiene desde hace diez años. La Ciudad de México concentra un total de 115 agresiones, lo que es alrededor del 20 por ciento del total en el país. (Aquí vale la pena mencionar que dentro de estas agresiones se encuentran las menciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de periodistas -62 casos en 2024- y que Artículo19 considera agresiones y estigmatizaciones.)

En síntesis, el documento -como cada año- vale la pena analizarse con detenimiento, pero sí me quedan claros varios puntos:

1.- Que se menciona al Estado Mexicano, como el principal agresor, cuando en realidad 196 de los ataques fueron hechos por funcionarios estatales o municipales y solo 91 por el Gobierno Federal, lo que significa que dos de cada tres casos son de observancia local o estatal.

2.- Que aumenta el número de agresiones por el Gobierno Federal, por las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si se eliminan este tipo de estigmatizaciones, el número se reduce a solo habría 29 agresiones reales a la prensa por parte del Poder Público Federal.

3.-Que a la prensa convencional (y a muchos organismos de periodistas) les interesan los informes sobre la prensa, sólo cuando se trata de aumentar los escándalos en contra de la actual administración pública federal.

Dice el filósofo del metro: lo bueno no cuenta cuando solo lo malo vende.

Tianguis

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El programa consiste en las siguientes acciones: 1) talleres de capacitación a emprendedores locales para la formación de habilidades digitales y venta en línea; 2) apoyo a las MiPymes para incrementar sus ventas y acceso a opciones de financiamiento; 3) vinculación con las grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios; 4) gestión para la participación de MiPymes locales para la venta de sus productos en ferias comerciales de otros estados; y 5) capacitación a personas para que puedan ejercer un oficio como carpintería, electricidad, plomería, albañilería y mantenimiento residencial y de servicios. 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Las empresas afiliadas a la International Chamber of Commerce México hicieron un llamado para que antes de que concluya el mes de marzo, se publiquen los requisitos de Certificados de Energía Limpia para 2025, 2026 y 2027 conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de la Industria Eléctrica y en congruencia con la necesidad expresada por los distintos actores públicos y privados. Los Certificados de Energía Limpia son los títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía que acreditan la producción de un megawatt hora (MWh) de energía eléctrica a partir de energías limpias. Estos han permitido trasladar metas y compromisos nacionales en obligaciones individuales de consumo de energía limpia… Interesante la designación de Bertha Alcalde Luján como directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en sustitución de Pedro Zenteno Santaella. Se trata del tercer director de la institución en este sexenio y la llegada de la hija de Arturo Alcalde y Bertha Luján  busca continuar la transformación del organismo para consolidar la estrategia de mejorar instalaciones médicas, abatir el rezago, dar mantenimiento de clínicas y hospitales y abasto de medicamentos. Ojalá lo logre, porque el ISSSTE anda mal, a pesar de la intervención que tuvo en la institución Rosa Icela Rodríguez.

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