El espejo húngaro

Después de dieciséis años en el poder, el arquitecto de la “democracia iliberal”, Viktor Orbán, perdió las elecciones en Hungría, derrotado por una oposición unida, movilizada y harta de la corrupción que su régimen había institucionalizado. La noticia se convirtió en uno de los titulares más relevantes de la prensa internacional. Cruzó fronteras y continentes, y en México debe leerse como un espejo. Por lo mismo y a la luz de lo acontecido, la pregunta es: ¿Puede México recorrer la misma ruta?

La promesa que nunca se cumple

Orbán llegó al poder por primera vez en 1998 con una retórica que resonará familiar por nuestros lares: combatir la corrupción, reducir las desigualdades, devolver el Estado al pueblo. Era joven, carismático y hablaba con la convicción de quien viene a limpiar lo que otros ensuciaron. En eso se parece, y mucho, a la narrativa que construyó Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección en el 2018.

El problema con las promesas fundacionales del populismo, sea de izquierda o de deracha, es que raramente sobreviven al contacto con el poder. López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018 con una oportunidad histórica sobre la mesa: una reconfiguración geopolítica sin precedente entre Estados Unidos y China estaba redirigiendo cadenas de manufactura global hacia México. El nearshoring —la relocalización de industrias estratégicas a geografías próximas al mercado norteamericano— podía haber significado una transformación productiva del país comparable, en escala relativa, a la industrialización tardía de Corea del Sur.

No ocurrió. En su lugar, el sexenio estuvo marcado por decisiones que ahuyentaron la inversión: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México con un costo estimado a los 300 mil millones de pesos, la embestida contra los organismos reguladores del sector energético y comunicaciones, la comisión de competencia económica, y la ruptura sistemática con el marco institucional que da certeza a los contratos. El gobierno sin visión estratégica global al que alude el politólogo Ivan Krastev cuando describe el orbanismo —“la política es más importante que la economía”— encontró en México su traducción exacta.

El desmantelamiento por dentro

El orbanismo, en su formulación más precisa, no destruye la democracia de un golpe, la vacía. Mantiene las formas —elecciones, parlamentos, constituciones— mientras erosiona metódicamente el contenido: la independencia judicial, la autonomía de los organismos reguladores, la libertad de prensa, la competencia electoral genuina. Es lo que el propio Orbán llamó “Estado iliberal” en 2014: un sistema que se viste de democracia y actúa como autocracia.

El paralelismo con México es difícil de ignorar. La reforma judicial de 2024, aprobada con una mayoría fraudulenta en su integración, eliminó la carrera judicial basada en méritos y abrió la puerta a la elección popular de jueces —un mecanismo sin precedente en democracias consolidadas, diseñado en la práctica para facilitar la captura política del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral fue atacado de manera sistemática durante años, con intentos de reducir su autonomía y controlar su integración. Los organismos autónomos del sector energético —la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía— fueron debilitados o intervenidos. Medios críticos como Latinus están siendo presionados con la intención de desaparecerlos.

Ninguno de estos movimientos ocurrió de forma aislada. Forman parte de un patrón: la concentración progresiva del poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante, bajo la retórica de la transformación y la justicia social. Orbán prácticamente escribió ese manual.

La corrupción como mecanismo, no como accidente

Aquí es donde opera lo que algunos analistas denominan la “paradoja populista”: los líderes que llegan prometiendo acabar con la corrupción terminan institucionalizándola. No como excepción ni como efecto secundario, sino como mecanismo de control político.

En Hungría, el yerno de Orbán, Istvan Tiborcz, construyó un imperio inmobiliario y de capital privado valuado en miles de millones de florines, financiado en buena medida con contratos públicos y fondos de la Unión Europea. Krisztian Orbán —economista sin parentesco con el ex primer ministro— estima que los aliados del régimen controlan hoy cerca de una quinta parte del PIB húngaro. No por ser los más eficientes, sino por ser los más leales. “Estas empresas no son rentables, no prestan buenos servicios… solo son buenas para llevarse bien con Viktor Orbán”, señaló en entrevista reciente.

En México, la percepción de corrupción no ha mejorado bajo la 4T; el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica al país en posiciones similares o peores a las del periodo previo. La opacidad en proyectos estratégicos —Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— impide el escrutinio público. Además, la lógica de los programas sociales etiquetados políticamente, distribuidos con nombre y apellido del líder, reproduce exactamente el esquema de captura de votantes que Orbán perfeccionó en Hungría: subsidios al consumo, pensiones ampliadas, transferencias directas, todo articulado como lealtad personal y no como derecho ciudadano.

El costo económico de cuando la política manda

Hungría fue, en los años noventa, la favorita de los inversionistas extranjeros en Europa del Este. Hoy es uno de los países más pobres de la Unión Europea. El crecimiento de la productividad laboral, que promedió 2% anual en la década previa al primer gobierno de Orbán, cayó al 1% durante su primera década en el poder y se ha reducido a apenas 0.2% desde 2020. El crecimiento del PIB en 2024 fue de 0.4%. El desempleo alcanza sus niveles más altos en diez años.

No es una casualidad estadística. Es la consecuencia lógica de un modelo donde los contratos públicos se adjudican por lealtad política, donde los actores económicos independientes son sistemáticamente debilitados para evitar contrapesos, y donde la certeza jurídica para la inversión privada se subordina a las necesidades del poder. México no ha llegado aún a esos niveles de deterioro, pero las tendencias son preocupantes: la inversión extranjera directa en los sectores que más dependen de certeza regulatoria —energía, infraestructura, manufactura avanzada— ha quedado por debajo de su potencial durante todo el sexenio. El nearshoring se está materializando en una oportunidad desperdiciada, en parte por señales equivocadas al mercado.

La desesperanza como estrategia

Hay algo que no aparece en los informes del FMI ni en los índices de competitividad, pero que quien conversa con empresarios mexicanos escucha con frecuencia creciente: la sensación de que ya no hay salida. Que el sistema está tan diseñado para perpetuarse que la alternancia es, en la práctica, imposible. Que organizarse es inútil. Que resistir tiene costos inaceptables.

Ese sentimiento no es accidental. Es funcional para los regímenes que buscan perpetuarse. La desesperanza política es el mejor seguro contra la movilización. Orbán la cultivó durante años con el mismo cuidado con que construyó su sistema de medios afines y su red de contratos públicos. Cuando el ciudadano cree que su voto no cambia nada, deja de votar. Y cuando deja de votar, el régimen consolida su ventaja estructural.

México está en ese punto de inflexión. La pregunta no es si el sistema está diseñado para favorecer al partido gobernante —que claramente lo está, y cada vez más—, sino si esa ventaja es insuperable. La respuesta que ofrece Hungría es un faro de esperanza.

Hungría como señal de que se puede

Peter Magyar era, hace dos años, un desconocido. Exfuncionario del partido de Orbán, sin estructura partidista propia, sin los recursos del aparato gobernante, sin el acceso a los medios que el régimen había capturado. Y sin embargo, el domingo pasado obtuvo dos terceras partes del parlamento húngaro.

Lo que hizo posible esa victoria fue la confluencia de tres factores que el analista Macario Schettino sintetiza con precisión: un liderazgo creíble, una oposición unida y una estructura capaz de movilizar, vigilar y defender el voto. A ello se sumó una condición objetiva que el régimen no pudo controlar: el deterioro económico y la corrupción se habían vuelto tangibles en la vida cotidiana de millones de húngaros. Los videos de la finca campestre de la familia Orbán —difundidos ampliamente en redes sociales— no eran datos abstractos. Eran evidencia visible de un saqueo que cada votante podía entender.

Paul Krugman señala con acierto que la corrupción es políticamente más poderosa que los principios abstractos en defensa de la democracia: todo ciudadano la entiende, la siente y puede movilizarse en su contra. Hungría demostró que incluso un sistema construido para no perder puede ser derrotado cuando la ciudadanía decide que ya es suficiente.

Lo que depende de nosotros

La lección para México no es reconfortante en su forma pasiva. No basta con esperar que el deterioro económico produzca su propio correctivo político. Eso puede tardar demasiado —y el daño institucional acumulado durante ese tiempo puede ser difícil de revertir.

Lo que sí depende de las fuerzas democráticas mexicanas se resume en tres condiciones: unidad opositora, liderazgo creíble y estructura electoral. Las tres han fallado de manera sistemática en los últimos años. En 2021, la fragmentación entre los partidos de oposición permitió al partido gobernante mantener su mayoría simple en la Cámara de Diputados. En 2024, la descoordinación fue aún más costosa. Y de cara a las elecciones intermedias de 2027, la situación no parece haber mejorado sustancialmente: los dirigentes de los partidos opositores parecen más interesados en negociar cuotas que en articular un proyecto común capaz de interpelar a la mayoría del electorado.

La renovación de la oposición no es una opción: es una condición necesaria para que el escenario húngaro sea posible en México. Eso implica liderazgos que pongan el interés nacional por encima del cálculo partidista, plataformas que conecten con el descontento de quienes votaron por la 4T y hoy experimentan sus costos, y una estructura de movilización y defensa del voto que funcione en los 300 distritos electorales.

Advertencia y llamado

México puede consolidar un régimen iliberal. No es un escenario hipotético: es la dirección en que apuntan las reformas de los últimos años. La captura del Poder Judicial, el debilitamiento de los organismos autónomos, el control creciente sobre los medios de comunicación, la instrumentalización de los programas sociales como mecanismo de lealtad política. El manual de Orbán está siendo aplicado por la 4T, con variaciones locales, pero con la misma lógica estructural.

La buena noticia es que Hungría demuestra que ese proceso no es irreversible, pero la reversión no ocurre sola. Requiere ciudadanos que salgan a votar en masa, una oposición que anteponga la democracia a sus intereses particulares, y líderes con la estatura moral para unificar a quienes tienen razones distintas para querer un cambio.

Los regímenes que parecen invencibles no lo son, pero tampoco caen solos. Esa es la lección de Budapest, y la advertencia para México.