El mercado laboral en México padece desde hace décadas una fractura estructural que trasciende las mediciones tradicionales de desempleo: la profunda vulnerabilidad de quienes, aun dentro del sector ocupado, navegan en la incertidumbre cotidiana. Diversos análisis del sector de capital humano exponen una realidad contundente: cerca de la mitad de los empleados en el país carecen de un contrato laboral estable o por tiempo indeterminado. Esta cifra, lejos de ser tan sólo una estadística, es reflejo de la frágil arquitectura económica sobre la que se sostiene el ingreso de millones de familias mexicanas.

En el contexto actual, la posesión de un trabajo ya no equivale automáticamente a la certidumbre de un futuro protegido ni a la garantía plena de derechos.

A este panorama se añade una tasa de informalidad laboral que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se sitúa de manera constante por encima del 54 por ciento. Sin embargo, el fenómeno resulta más complejo que la simple división entre lo formal y lo informal.

Dentro del propio empleo registrado en México existe un segmento de trabajadores sujetos a contratos temporales de muy corta duración, periodos de prueba renovados y esquemas que eluden compromisos de ley. Si bien las reformas en materia de subcontratación tuvieron el objetivo de ordenar el mercado, en la práctica aún persisten resquicios para preservar una flexibilidad laboral excesiva a costa de la certidumbre de la fuerza de trabajo.

Garantizar un contrato escrito por tiempo indeterminado representa la piedra angular de la inclusión financiera y del acceso real a la seguridad social. Para cualquier trabajador, un contrato estable constituye la posibilidad de recibir atención médica continua dentro de las instituciones de seguridad social pública, generar aportaciones regulares al fondo de retiro en las Afores y consolidar la capacidad crediticia para una vivienda.

Desde la perspectiva macroeconómica, la inestabilidad deprime el consumo interno, obligando a los hogares a mantener un sesgo de cautela. Asimismo, mella la competitividad empresarial al elevar la rotación de personal e inhibir la capacitación de largo plazo.

Ante esta vulnerabilidad sistémica, las autoridades laborales tienen la responsabilidad de actuar con firmeza e inteligencia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe modernizar sus mecanismos de inspección, utilizando cruces de datos eficientes con el IMSS y el SAT para identificar el uso simulado de la contratación eventual. De forma paralela, el Estado debe implementar incentivos fiscales progresivos y una simplificación administrativa real para las pequeñas y medianas empresas, evitando que la burocracia incentive la fragilidad laboral.

El desarrollo sostenido de México no vendrá de la mano de un mercado laboral inestable. Apostar por contratos permanentes es la vía indispensable para fortalecer el mercado interno, elevar la productividad nacional y devolverle al trabajo formal su verdadero carácter de vehículo primordial para la movilidad social.