Después de Taddei, ¿es momento de revisar las cuentas del IEEM?

Después de Taddei, ¿es momento de revisar las cuentas del IEEM?

Por: Laura Tirado

El escándalo que rodea a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, obliga a mirar también hacia los organismos electorales estatales. Y en particular hacia el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde sería conveniente revisar cómo, cuánto y a quién se asignan los recursos destinados a publicidad, comunicación social, papelería, capacitación, servicios y otras contrataciones.

El proceso parece sencillo: uno trabaja, paga impuestos y espera que ese dinero se utilice en beneficio de la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando surgen sospechas de que los recursos públicos podrían estar sirviendo para favorecer intereses personales?

En círculos periodísticos circulan versiones, hasta ahora no comprobadas, sobre presuntos beneficios a familiares, amigos y personas cercanas a integrantes del IEEM mediante la asignación de contratos y recursos institucionales. De ser ciertas, estaríamos ante una situación que merecería una investigación y explicaciones públicas.

Porque la pregunta es inevitable: ¿los impuestos de los mexiquenses se utilizan para cumplir con las responsabilidades del organismo electoral o podrían estar beneficiando a personas cercanas a quienes toman las decisiones?

Sería interesante conocer la lista completa de proveedores, los montos contratados, los criterios de adjudicación y si existen vínculos personales o familiares entre funcionarios y beneficiarios de esos recursos. La autonomía electoral no significa tener un cheque en blanco. Mucho menos cuando se administra dinero que sale del bolsillo de millones de ciudadanos.

El caso Taddei debe servir para abrir una discusión más amplia sobre la transparencia de los organismos electorales. Y el IEEM no tendría por qué quedar fuera de esa revisión.

Es momento de poner los ojos en el Instituto Electoral del Estado de México. No para adelantar culpabilidades, sino para exigir claridad sobre el destino de los recursos públicos y evitar que las sospechas se conviertan en una crisis de credibilidad.

Porque mientras los ciudadanos trabajan para pagar impuestos, las instituciones tienen la obligación de demostrar que ese dinero no termina convertido en beneficios particulares.

Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién vigila a quienes deberían garantizar la legalidad?