Armamento y poder de fuego de grupos criminales, la mayor parte del problema

Enrique Jacob Rocha

La tranquilidad habitual de un domingo, se vio interrumpida por el cúmulo de noticias que desde muy temprano empezaron a circular. Un operativo encabezado por fuerzas especiales del ejército mexicano, con apoyo de inteligencia estadounidense, había neutralizado a Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trataba de un episodio menor, representaba la eliminación del dirigente criminal más poderoso de la última década.

El ascenso de Oseguera sintetiza una de las paradojas más inquietantes del México contemporáneo. Con escasa educación formal y antecedentes como un violento sicario, logró construir una organización criminal de alcance global. El CJNG tiene presencia operativa o influencia directa en mas de la mitad del territorio nacional, con ramificaciones en América, Europa y Asia.

Su expansión no fue producto del azar. Se apoyó en tres pilares:

1. Violencia extrema como mecanismo de dominación territorial.

2. Redes de corrupción con actores políticos y empresariales que facilitaron protección, lavado de dinero y acceso logístico.

3. Una capacidad de fuego extraordinaria, muy superior a la de las fuerzas estatales y municipales y en ciertos episodios, equiparable a la de fuerzas del Estado mexicano.

Este último elemento es el menos tomado en cuenta y es determinante. Ningún cartel en el mundo ha tenido el nivel de armamento de asalto que han acumulado organizaciones criminales en México en los últimos quince años, muy en especial el CJNG. Fusiles de alto poder, armas automáticas, lanzagranadas, equipo táctico sofisticado. No exagero, es evidencia documentada en decomisos y enfrentamientos.

El poder de fuego fue el multiplicador real de su capacidad territorial. Sin él, la violencia no habría escalado a los niveles que conocemos.

La variable estructural: las armas que cruzan del norte

El libro La violencia vino del Norte, de Carlos Pérez Ricart, aporta una tesis respaldada por datos: la magnitud de la violencia armada en México a partir de 2007 no puede entenderse sin el flujo masivo de armas desde Estados Unidos. Las estimaciones señalan que cada año cruzan ilegalmente entre 72,000 y 258,000 armas hacia territorio mexicano. Ese rango, aun con su amplitud, describe un fenómeno sistémico.

El punto de quiebre coincide con la expiración en 2004 de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos y con cambios regulatorios posteriores que hicieron más laxo el mercado. A partir de entonces se consolidó una red de adquisición y tráfico —incluyendo el llamado “contrabando hormiga”— que alimenta directamente a las organizaciones criminales mexicanas. ¿De qué estamos hablando? De algo verdaderamente grande, donde el tamaño del mercado es revelador.

En Estados Unidos existen aproximadamente 77,813 licencias federales para vender armas. Esa cifra equivale a casi cinco veces el número de tiendas Starbucks en ese país y entre once y doce veces el número de restaurantes Burger King. No es una comparación exagerada, es una dimensión estructural del mercado legal de armas en nuestro vecino del norte..

Bajo el amparo de la Segunda Enmienda en los estados unidos, donde un ciudadano norteamericano puede poseer armas para su protección, incluso portarlas, prosperó una industria cuyo efecto colateral externo es devastador para nuestro querido México. Miles de homicidios cada año están vinculados a armas fabricadas y comercializadas legalmente en el norte, e introducidas ilegalmente en nuestro país.

Cuando un mercado de esa magnitud opera con controles limitados y comparte una frontera de más de 3,000 kilómetros con un país que enfrenta organizaciones criminales altamente violentas, el resultado es obvio.

Tras el operativo dominical, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales, en mi opinión mezquino en su contenido, pues le exiguió mayor compromiso a México en el combate al narcotráfico, en lugar de haber reconocido el hecho, resaltado la colaboración y reconocido a las víctimas su ofrenda de sangre. México cumplió con su parte al neutralizar al líder criminal más buscado. Asumió el costo político, operativo y humano de enfrentar a una organización fuertemente armada.

La relación bilateral ha sido asimétrica durante años. Estados Unidos exige combate frontal a la oferta de drogas, pero elude con frecuencia dos variables esenciales:

1. El flujo de armas hacia el sur.

2. El tamaño y persistencia de su mercado de consumo.

La presidenta de México tiene hoy una oportunidad estratégica. No para confrontar de manera retórica, sino para plantear exigencias concretas en la agenda bilateral:

• Un blindaje real del flujo de armas hacia México, con mayores inspecciones en la frontera sur estadounidense, trazabilidad obligatoria y sanciones efectivas para el tráfico transfronterizo.

• Un compromiso sustantivo en políticas de reducción de demanda, prevención y tratamiento de adicciones, que impacte estructuralmente el mercado.

Si Estados Unidos exige acciones contra la oferta, debe asumir su corresponsabilidad en la demanda y en el suministro de armas. Por ello reconocerle a la Presidenta Scheinbaum y felicitar el operativo es lo correcto, pero ignorar el problema estructural sería un error estratégico.

La historia reciente demuestra que la captura o muerte de un líder criminal genera reacomodos, fragmentaciones y, en muchos casos, nuevos ciclos de violencia. Si el flujo de armas continúa con la misma intensidad, el vacío será ocupado por uno o varios nuevos “menchos”, pues el poder de fuego seguirá disponible para quien logre articular redes de corrupción y reclutamiento. Ahora bien, en mi opinión, el verdadero multiplicador criminal no es la figura del nuevo, o los nuevos capos. Es la disponibilidad de armamento de alto poder.

México no puede resignarse a enfrentar organizaciones con capacidades cuasi militares mientras el mercado que las abastece opera con normalidad al otro lado de la frontera. Si no se corrige esa fuente estructural, el país corre el riesgo de consolidación de zonas ya capturadas por organizaciones armadas que desafían de facto la soberanía del Estado. Por tanto, el punto de inflexión no está en la caída de un hombre, está en la capacidad política de transformar la ecuación binacional.

La experiencia indica que del otro lado de la frontera, regular la venta de armamento, exigir controles de a quién se le vende y cerrarle el paso al contrabando de armamento, puede resultar mucho más difícil que abatir a un líder criminal. Con el operativo del domingo anterior la pregunta no es si México puede neutralizar a un capo, ya demostró que puede hacerlo. La pregunta relevante es si ambos países están dispuestos a modificar los incentivos que hacen posible que el siguiente “mencho” surja con el mismo poder de fuego. Es tiempo que nuestra presidenta doble la apuesta y le exiga a Trump reciprocidad. Esto implica negociación diplomática, presión política y diseño institucional, pero si no se aborda de raíz, el ciclo se repetirá, y es aquí donde se juega el verdadero punto de quiebre.

Si no, como en la publicidad de una conocida empresa de telefonía celular, acabaremos reconociendo que “todo México es territorio criminal”.