Aseguran 10 presas en Valle de Bravo por retención ilegal de agua y daños ecológ

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguraron casi 500 hectáreas en las que desmantelaron 10 presas clandestinas ubicadas en área natural protegida de Valle de Bravo.  

En su edición 2343, publicada en septiembre de 2021, Proceso advertía sobre la proliferación de lagos privados que desviaban caudales de ríos y manantiales a ranchos y propiedades de personajes adinerados, entre empresarios y político, mientras disminuían drásticamente los niveles de la presa Miguel Alemán.  

Entonces, estas represas empleadas incluso para esquiar, se estimaban en 200; a estas alturas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las calcula en alrededor de 400.  

El desvío de ríos y manantiales y la retención ilegal de agua a su vez contribuyó, igual que fenómenos como la tala clandestina e inmoderada, el boom inmobiliario, los incendios forestales, el cambio climático y el desperdicio en fugas, con la reducción del caudal de la presa de Valle de Bravo, parte del Sistema Cutzamala que suministra a la Ciudad de México (Cdmx), de manera que el año pasado el embalse descendió a sus niveles más bajos.  

Por lo pronto, durante el cateo, autorizado por un juez federal y cumplimentado el pasado 11 de abril, se encontró que se estaba captando agua “sin los permisos necesarios en un número indeterminado de presas o lagos artificiales y se encontraron múltiples daños ambientales” a las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec.  

En la diligencia judicial, que se desprende de una denuncia por supuesto cambio ilegal de uso de suelo, participaron 150 personas, entre inspectores y abogados de la Profepa, elementos de la Defensa Nacional, la Policía estatal y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.  

En el cateo también se aseguraron 27 vehículos, posiblemente ligados a delitos ambientales, y todos los bienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Aunque no hubo detenidos, se abrió una carpeta de investigación por daños a la biodiversidad. 

Fuente: Revista Proceso