CODHEM y SESAEMM se unen para combatir la corrupción

Con la premisa de que la corrupción es un obstáculo directo para el goce de las garantías fundamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción estatal (SESAEMM) formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la integridad pública y la transparencia.

El acuerdo fue suscrito por el ombudsperson mexiquense, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, y el secretario técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, quienes destacaron que la tecnología y la coordinación institucional son las herramientas clave para erradicar prácticas ilícitas en el servicio público.

Corrupción: Una amenaza a la democracia y los derechos

Durante el evento, el presidente de la CODHEM, Víctor Delgado Pérez, enfatizó que el combate a la corrupción trasciende lo administrativo para convertirse en una prioridad democrática. Explicó que el desvío de recursos públicos afecta directamente servicios esenciales como:

• Salud y Educación.

• Seguridad y Justicia.

"Cuando las decisiones se contaminan por intereses indebidos, se erosionan los derechos humanos y se pierde la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", puntualizó Delgado Pérez.

Inteligencia anticorrupción y rendición de cuentas

Por su parte, el titular de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, resaltó la magnitud del Sistema Anticorrupción en la entidad, el cual coordina a 551 entes públicos y 123 sistemas municipales, cubriendo a más de 16 millones de habitantes.

Entre los puntos más relevantes del convenio destacan:

• Actualización de datos: La colaboración permitirá alimentar el Sistema III, referente a "Servidores públicos y particulares sancionados", fortaleciendo la inteligencia anticorrupción en el estado.

• Capacitación técnica: Desarrollo de programas para fomentar una ética de servicio y cultura de la legalidad.

• Sinergia institucional: Intercambio de información y buenas prácticas para prevenir conductas indebidas.

Hacia un servicio público ético

Con esta alianza, ambas instituciones buscan consolidar un modelo de gestión pública que no solo sea eficiente, sino profundamente honesto y orientado a la protección efectiva de las personas. La firma marca un precedente en la entidad al vincular directamente la lucha anticorrupción con la agenda de defensa de los derechos humanos.