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Con una sospecha
La presunción de que usted sea un delincuente será suficiente para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele sus cuentas bancarias.
Y lo peor, usted será culpable hasta que demuestre lo contrario. Necesitará dinero para pagar los servicios de un abogado especializado, pero no puede tener acceso a sus cuentas de ahorros, porque Hacienda ya dio la orden a su banco de congelar su cuenta.
Podría tener un amparo, pero los recientes cambios a la Ley, ya no permiten tener acceso a esta protección legal cuando se trate del congelamiento de cuentas bancarias.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sólo hecho de tener indicios suficientes, lo que eso signifique, es válido para que la UIF congele cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin intervención del Ministerio Público y sin necesidad de una solicitud internacional.
De esta forma, el Estado amplía su capacidad para intervenir en el patrimonio de cualquier ciudadano con efectos inmediatos y sin control previo. ¿Cómo es posible que se haya llegado hasta aquí?
La Suprema Corte es la máxima instancia de justicia que se tiene en México. Si ellos emiten sentencia a favor del Estado, los ciudadanos quedan en la indefensión total y absoluta; sin seguridad ni certeza jurídica, pues convierte una simple sospecha en un castigo inmediato.
Dice Omar Reyes Colmenares, el titular UIF, que quien cumple la ley no debe temer el bloqueo de sus cuentas, pues no los afectará, ya que la medida sólo es para combatir ilícitos y a la delincuencia organizada.
Pero, como bien apuntó el priista Manuel Añorve, “la sola sospecha” será suficiente para el congelamiento de cuentas bancarias y demuestra que la intención de Morena al imponer la Reforma Judicial, fue la construcción de un Estado autoritario.
Igual la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró inconstitucional y desafortunada la resolución de la Suprema Corte para que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, porque viola la presunción de inocencia y destroza el debido proceso.
El jurista Ignacio Morales Lechuga recuerda lo que dice la Constitución: «nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio ante tribunales establecidos»; la UIF no es un tribunal y sus «indicios» no son sentencias. “Un bloqueo administrativo sin juez es, por definición, una privación arbitraria”.
Con esta decisión de la SCJN “se vulnera el edificio entero de los derechos humanos. Primero la propiedad, que no es un lujo de algunos, sino la salvaguarda material de la autonomía personal frente al Leviatán administrativo. Luego, la presunción de inocencia: el bloqueo castiga antes de probar y congela la vida patrimonial por mera sospecha”, afirmó quien fuera Procurador de General de la República.
De esta forma, el peligro es quedarse sin cuentas bancarias, sin poder trabajar en el mercado laboral formal ni lograr contratos por la prestación de servicios, hasta que la UIF te investigue, sin tener acceso a ningún tipo de protección.
Dice la presidenta Sheinbaum que quien no cometa delitos, no tiene por qué preocuparse, ya que “la UIF nunca ha congelado cuentas que no tengan nada que ver con lavado de dinero”, pero eso era cuando había un Poder Judicial independiente del gobierno, no la actual Suprema y “Tremenda” Corte, conformada con súbditos al gobierno que ni siquiera entienden los términos legales.
Como dice el poema/reflexión “Primero vinieron por…” que se atribuye al pastor luterano alemán, Martin Niemöller que describe la apatía y el silencio cómplice ante la persecución nazi de diferentes grupos como los comunistas, socialistas, judíos, hasta que finalmente ya no quedó nadie para defenderlo a él.
Así nos está pasando con las medidas que está aplicando en México la 4T, en específico con la Reforma Judicial. Y como dijo este sábado la presidenta Sheinbaum: “gobernamos así, pésele a quien le pese”.
Así o más claro.