Congresos deben regular y supervisar uso de IA: Miriam Silva

La legislación sobre el uso y supervisión de la Inteligencia Artificial (IA) es responsabilidad tanto del Congreso de la Unión como de los congresos estatales, ya que contar con marcos normativos claros permitirá aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología, señalaron la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) y el especialista en la materia, Alfredo Tomás Calderón Martínez.

Al encabezar la presentación del libro de Calderón Martínez, Inteligencia artificial. Algoritmos en la justicia penal, casos prácticos, en el Congreso mexiquense, la diputada lamentó que en el país y en la entidad aún no se cuente con la regulación necesaria en una materia “que ya llegó” y va a permanecer.

También expuso que México no se ha sumado aún al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, lo que implica que las normativas que se están emitiendo en ese marco no serán aplicables en el territorio nacional por el momento.

Esto, añadió, es relevante porque es posible que personas juzgadoras o relacionadas con el sistema judicial usen esta herramienta en condiciones de ambigüedad, lo que derivaría en la emisión de sentencias sin el ejercicio pleno de sus propios criterios.

Al exponer el contenido de su obra, Tomás Calderón, egresado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio (CISA), dio a conocer que este centro cuenta con una herramienta de IA propia, llamada Victoria, diseñada para apoyar a jueces, fiscales, defensores, asesores y estudiantes de derecho.

Entre sus aplicaciones prácticas están: entender y organizar procedimientos, aclarar derechos en el proceso penal, perfeccionar teorías del caso, elaborar interrogatorios y contrainterrogatorios, verificar peritajes (psicología, contabilidad), proponer penalidades ajustadas al grado de reprochabilidad, y simular audiencias para la práctica estudiantil.

Añadió que su utilidad radica en agilizar el procesamiento de información, reducir el error humano y aumentar la equidad del acceso a la justicia al hacer más accesible y comprensible la información procesal. Advirtió que su implementación demanda precauciones en el uso de datos y la toma final de decisiones.

Ante personas estudiantes y profesionales de derecho anticipó, no obstante, que la ética, la equidad y el respeto a los derechos humanos, la autonomía y eficiencia de las instituciones democráticas deben ser elementos irrenunciables en la programación y uso de este instrumento.