Del INE a Texcoco: el costo de decidir por conveniencia

Enrique Jacob Rocha

• Cuando la política desplaza a los controles y la planeación, la ciudadanía termina pagando los platos rotos

La confianza en las instituciones tarda años en construirse y una sola decisión puede comprometerla. Esta semana, dos asuntos volvieron a demostrarlo: los señalamientos sobre contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), que golpearon la credibilidad del árbitro electoral, y la amortización de deuda emitida para financiar el aeropuerto de Texcoco, una obra cancelada cuyas obligaciones seguirán pagándose durante años.

Ninguna institución está a salvo de abusos. La diferencia entre una democracia funcional y una administración capturada no consiste en presumir pureza, sino en investigar con independencia, corregir las reglas y sancionar con pruebas. En el caso del INE, se difundieron videos, audios e imágenes sobre la relación entre la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales. En una grabación atribuida al empresario, como en una película de gángsters, se habla de ganancias, porcentajes y contratos relacionados con la credencial para votar.

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía ante sí una oportunidad para ejercer liderazgo de Estado: respaldar una investigación autónoma, exigir máxima transparencia y contribuir a recuperar la confianza sin apropiarse del INE. El gobierno optó, en cambio, por subrayar que la red de proveedores tenía antecedentes de décadas y se fortaleció durante administraciones anteriores. Investigar esa historia es necesario; utilizarla para diluir la rendición de cuentas presente sería un error.

Existe, además, un problema institucional comprobable. La reforma de octubre de 2024 agregó al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la facultad de la presidencia del Consejo General para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Esas áreas preparan y ejecutan decisiones relevantes. Concentrar nombramientos en una sola oficina debilitó la lógica colegiada del instituto y redujo contrapesos internos. La modificación no demuestra por sí misma una conducta ilícita ni acredita vínculos con proveedores, pero sí creó una estructura menos resistente a conflictos de interés y decisiones discrecionales. Por eso, reconstruir la confianza exige investigar los hechos y corregir el diseño que debilitó los controles.

Un árbitro imparcial también conviene a la coalición gobernante. Si la ciudadanía ratifica su mayoría en las elecciones intermedias, el triunfo será más legítimo si nadie puede atribuirlo a un instituto sometido. Si decide limitarla, esa voluntad merece el mismo respeto. Sin un árbitro confiable, cualquier resultado —favorable o adverso al gobierno— quedará expuesto a sospechas que dañarán al sistema democrático.

La cancelación de Texcoco, el mayor error de nuestra generación

Las consecuencias económicas de cancelar el aeropuerto de Texcoco parecen pertenecer a otra esfera. No son equivalentes al caso del INE, pero revelan un mecanismo común: cuando la conveniencia política desplaza los controles y la evaluación técnica, los costos se transfieren al futuro y terminan recayendo sobre la ciudadanía.

Una nota publicada esta semana volvió visible esa factura. El 2 de noviembre, el fideicomiso MEXCAT amortizó 565.9 millones de dólares de notas preferentes garantizadas, con tasa de 4.25%, que vencían en 2026. El saldo de la deuda quedó en 3,152 millones de dólares, respaldado principalmente por los flujos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto del AICM. Fue el pago de capital de una obligación previamente emitida, sobre un aeropuerto que no se construyó y que sin embargo seguiremos pagando los próximos años. .

El costo mayor es el de oportunidad. En su primera etapa, Texcoco proyectaba tres pistas con operación simultánea y capacidad para unos 70 millones de pasajeros; en una segunda, el horizonte ascendía a 125 millones. Estaba concebido como un gran centro de conexión internacional. En contraste, el AICM movilizó 44.6 millones de pasajeros en 2025 y opera bajo límites de capacidad; el AIFA atendió poco más de siete millones.

Texcoco no era simplemente otra terminal. Aspiraba a competir por el tráfico de conexión de América del Norte y Centroamérica y a detonar inversión en el oriente del Valle de México. La pérdida más tangible es territorial. Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán suman más de 3.4 millones de habitantes y arrastran rezagos en empleo formal, agua, drenaje y transporte. Con una ejecución adecuada, el proyecto podía convertirse en un ancla de empleo en logística, carga, mantenimiento y servicios, además de atraer inversión industrial, movilidad y regeneración urbana.

A mi juicio, cancelar Texcoco fue un capricho político del expresidente López Obrador: una decisión concebida también para demostrar un cambio de mando y de prioridades. La responsabilidad política por sus resultados le corresponde. No hablo de una responsabilidad penal no acreditada, sino de algo elemental en una democracia: responder por una decisión tomada mediante una consulta sin garantías suficientes y sin una evaluación independiente que permitiera comparar, con transparencia, el costo de concluir, rediseñar o cancelar.

México necesita instituciones capaces de arbitrar con independencia y gobiernos dispuestos a evaluar sus decisiones por sus resultados y efectos de largo plazo, no por su rendimiento político inmediato. Necesita reglas que obliguen a medir, antes y después, el costo de las grandes decisiones, y controles capaces de impedir que una mayoría circunstancial convierta sus preferencias en obligaciones permanentes para todos.

El expresidente dejó el cargo en 2024; el último bono asociado a Texcoco vence en 2047. Los gobiernos se van. La deuda, la desconfianza y las oportunidades perdidas permanecen, y su factura termina siempre en manos de los ciudadanos.