En la actualidad resulta indispensable transformar de manera radical el enfoque con el que la sociedad y las organizaciones abordan la inclusión de las personas que viven con alguna limitación motriz en México. Históricamente, este rubro se ha gestionado desde una visión puramente filantrópica, asistencialista o como una simple acción de responsabilidad social corporativa. 

De acuerdo con Fernando Estrada Franco, director de la alianza Éntrale, una iniciativa impulsada por el Consejo Mexicano de Negocios, este paradigma erróneo debe sustituirse por una estrategia corporativa de gestión de talento y recursos humanos que reconozca el valor real, la productividad y las competencias que estas personas aportan a las empresas. 

El país está ante una oportunidad histórica y crucial para potenciar su desarrollo macroeconómico y aprovechar al máximo su bono demográfico, pero esto solo será posible si se logra integrar plenamente a todos los sectores que componen el tejido social dentro de la fuerza laboral formal.

La urgencia de este cambio se refleja en pérdidas financieras severas. Datos de la iniciativa Éntrale revelan que la falta de espacios laborales inclusivos provoca una merma económica que oscila entre el 3% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este impacto negativo en las finanzas públicas se deriva de mantener inactivas a personas con un alto potencial productivo. 

En la República Mexicana residen actualmente alrededor de 8.8 millones de ciudadanos con alguna dificultad motriz para desplazarse. A pesar de que la mitad de esta población se encuentra en edad plenamente laboral, el panorama laboral que enfrentan es adverso y hostil: apenas el 24% de ellos cuenta con un contrato laboral por escrito que respalde sus derechos, solo el 26.2% tiene acceso garantizado a los servicios públicos de salud, y un alarmante 80% manifiesta haber sido víctima de discriminación flagrante al buscar empleo.

Los expertos definen la discapacidad física como la disminución, alteración o ausencia temporal o permanente de las funciones motoras, lo cual limita la movilidad, la destreza manual o la coordinación corporal. Esta condición puede poseer un origen congénito o ser adquirida por accidentes, enfermedades crónicas o trastornos neurológicos, variando desde afectaciones leves en extremidades hasta la pérdida total de la autonomía física. 

No obstante, como ciudadanos debemos comprender que las personas no son discapacitadas en sí mismas, sino que el entorno, las calles y las estructuras sociales se construyeron sin considerar la diversidad funcional. 

Al diseñar un mundo carente de accesibilidad universal para las actividades cotidianas, es el propio entorno el que coloca a los individuos en situación de discapacidad. Por ende, el Estado es el responsable jurídico y moral de garantizar que todos gocen de las mismas condiciones de movilidad, accesibilidad y desarrollo integral. Para revertir la exclusión en el mercado laboral y subsanar esta vulneración de derechos humanos fundamentales, el sector empresarial en México debe transitar hacia una inclusión auténtica y sostenible. Esto no solo implica realizar adaptaciones arquitectónicas en los centros de trabajo, sino también implementar políticas internas sólidas de no discriminación, establecer canales seguros de denuncia y asegurar un verdadero sentido de pertenencia para todos.