Drones usados en delitos podrían tener mayor sanción

El Congreso mexiquense avaló elevar hasta 13 años y 4 meses de prisión las sanciones por delitos contra la seguridad pública cometidos con drones.

• La sanción podría llegar hasta 13 años y 4 meses de prisión.
•  La reforma contempla drones, dispositivos de geolocalización y sistemas de videovigilancia.
•  La propuesta aún deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar en vigor.

Drones y videovigilancia podrían agravar delitos en Edomex

El uso de drones, sistemas de geolocalización y videovigilancia para obtener información sobre actividades de seguridad pública podría recibir sanciones más altas en el Estado de México.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó una propuesta para elevar hasta 13 años y 4 meses de prisión las penas relacionadas con estas conductas cuando afecten el correcto funcionamiento de instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, así como la seguridad de personas servidoras públicas y particulares.

La iniciativa, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, plantea reformar el Código Penal del Estado de México, que actualmente contempla penas de seis a 10 años de prisión para estas conductas sin precisar expresamente el uso de drones.

El proyecto también incorpora como agravante la utilización de estos dispositivos para captar imágenes, voz, sonidos, señales, escritos u otro tipo de información mediante diferentes medios de transmisión.

Durante la discusión, la diputada Carmen de la Rosa señaló que la propuesta incorpora también dispositivos de geolocalización y sistemas de videovigilancia.

El diputado Octavio Martínez Vargas pidió mantener atención sobre la aplicación de la reforma, al advertir que los drones también son utilizados por particulares y personas servidoras públicas para actividades legales, como trabajos de topografía, por lo que consideró necesario evitar acusaciones o posibles actos de extorsión derivados de su uso.

Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que el proyecto amplía su alcance respecto de la propuesta inicial y establece un tratamiento más amplio para las conductas relacionadas con la vigilancia y captación no autorizada de información.

La reforma contempla conductas como acechar, vigilar, espiar, rastrear o proporcionar información sobre actividades, ubicación u operativos de servidores públicos de instituciones de seguridad, entre otras acciones.

El dictamen fue aprobado en comisión y deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en una reforma vigente.