Edoméx avala penas de hasta 36 años por violencia ácida

El Congreso mexiquense aprobó reformas que elevan las sanciones por ataques químicos contra mujeres e incluyen atención médica gratuita y reparación i

•  Las penas podrían alcanzar hasta 36 años de prisión en los supuestos más graves previstos por la reforma.

•  Se contempla atención médica gratuita, especializada y continua, además de cirugías reconstructivas y rehabilitación.

•  El personal de salud deberá atender de inmediato, preservar evidencia y notificar al Ministerio Público.

Las mujeres víctimas de violencia ácida o química en el Estado de México podrían acceder a mayores sanciones contra sus agresores y a atención médica especializada gratuita, luego de que el Congreso local aprobara reformas que contemplan penas de hasta 36 años de prisión en los casos más graves.

La LXII Legislatura mexiquense avaló modificaciones al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar las lesiones provocadas con ácidos, sustancias corrosivas, compuestos químicos y otros agentes capaces de causar daños físicos, desfiguración, discapacidad o poner en riesgo la vida.

El dictamen establece penas de hasta 15 años de prisión por lesiones dolosas causadas mediante estas sustancias. Cuando el ataque provoque desfiguración permanente en zonas como la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, la sanción podrá alcanzar hasta 20 años.

Las penas aumentarían cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o exista una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado entre la víctima y el agresor. Bajo los supuestos previstos en la reforma y al considerar las sanciones vigentes por lesiones, la pena máxima podría llegar a 36 años de prisión.

Atención médica y reparación del daño

Además de las sanciones penales, las reformas buscan que las víctimas reciban atención oportuna y apoyo para su recuperación. Las autoridades deberán gestionar su traslado inmediato a unidades médicas de alta especialidad y garantizar el acceso gratuito, integral y continuo a los servicios de salud.

La reparación integral del daño podrá incluir cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, así como compensaciones por lucro cesante y otras medidas necesarias para la recuperación de las víctimas.

El personal de salud que atienda lesiones causadas por agentes químicos o corrosivos tendrá la obligación de brindar atención inmediata y prioritaria, conservar la evidencia clínica y biológica pertinente y notificar al Ministerio Público. La omisión de esta última obligación podrá generar sanciones conforme a la legislación aplicable.

Otro punto relevante es que los casos contemplados en las agravantes señaladas por el dictamen se perseguirán de oficio, es decir, no dependerán exclusivamente de que la víctima impulse la acción penal.

¿Quiénes impulsaron las reformas?

Las modificaciones derivan de iniciativas promovidas por las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, de Morena; la bancada del PRD, coordinada por Omar Ortega Álvarez, y la Fundación Carmen Sánchez.

Durante la discusión, Nelly Brígida Rivera reconoció la labor de las sobrevivientes, activistas y defensoras que han impulsado la exigencia de justicia. Zaira Cedillo destacó la importancia de garantizar la reparación integral para que las víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida.

Sin embargo, la diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó que el dictamen incorporara solo parcialmente las propuestas de la Fundación Carmen Sánchez y anunció que su bancada presentará otra iniciativa para complementar las reformas.

Con estos cambios, el marco legal estatal incorpora una definición específica de violencia ácida o química y establece obligaciones para las autoridades de salud y justicia, con el propósito de fortalecer la atención, la protección y el acceso a la reparación para las víctimas.