Hasta 10 años de cárcel por negar justicia a mujeres

Buscan sancionar a funcionarios que obstaculicen investigaciones de violencia de género y fortalecer el acceso a la justicia.

• Avalan penas de hasta 10 años de prisión para servidores públicos que nieguen justicia a mujeres.
• Todas las muertes violentas de mujeres y niñas deberán investigarse como feminicidio.
• La iniciativa retoma el caso de Mariana Lima y busca evitar impunidad por negligencia institucional.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias podrían contar con mayores garantías de acceso a la justicia, luego de que comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaran una iniciativa que contempla hasta 10 años de prisión para servidores públicos que obstaculicen, retrasen o actúen con negligencia en investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres.

La propuesta también busca que ninguna muerte violenta de mujeres o niñas sea descartada de manera anticipada, al establecer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar todos estos casos bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia.

La iniciativa, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López, plantea reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando sanciones para funcionarios que incurran en corrupción, omisiones, alteración de pruebas o bloqueen el acceso a la verdad y la justicia.

Además de las penas de prisión, contempla multas económicas, destitución e inhabilitación para quienes incumplan con sus responsabilidades en la procuración y administración de justicia.

La propuesta retoma las modificaciones impulsadas por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, cuyo caso marcó un precedente nacional al lograr que una muerte inicialmente catalogada como suicidio fuera reabierta e investigada como feminicidio por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Legisladores señalaron que la reforma busca combatir la impunidad, fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y garantizar que las instituciones respondan de manera efectiva ante la violencia contra las mujeres.