La inversión que no llega

México lleva ocho años atrapado en una contradicción que no puede ocultarse con anuncios, planes ni mesas de diálogo. El país necesita inversión, la busca, la promete, la corteja. Pero conserva prácticas, instituciones y autoridades que en los hechos la frenan, la dificultan y la alejan.

Ése es el rasgo más costoso del momento mexicano: el discurso económico apunta en un sentido; la experiencia concreta del inversionista, en otro. Y el problema no se reduce a crecimiento débil: se trata de un deterioro más delicado, con consecuencias de largo aliento. La pérdida de confianza en la capacidad del país para convertir oportunidad en proyectos realizables es un daño que no aparece en la evolución del PIB trimestral, pero que lo determina.

El problema no empezó ayer

Desde 2019, México no ha logrado construir una trayectoria clara de expansión. Las razones son múltiples, pero comparten una consecuencia: erosionaron la certidumbre, que es el primer insumo de cualquier decisión de inversión.

La cancelación del nuevo aeropuerto fue la señal fundacional de este ciclo. Después llegaron decisiones discutibles en infraestructura estratégica, el debilitamiento de instituciones reguladoras, una reforma judicial que abrió una grieta estructural en el Estado de derecho —el otro pilar sobre el que descansa la confianza empresarial—, y un manejo fiscal que encendió alertas en calificadoras y mercados. México está hoy a un escalón de perder el grado de inversión.

Todo esto ocurrió en un ambiente ya de por sí hostil a la inversión privada. El capital no solo reacciona a tasas, costos laborales o ubicación geográfica: también reacciona a señales políticas. Y durante años, la señal que México emitió fue clara: aquí las reglas pueden cambiar, los contrapesos pueden debilitarse, y la racionalidad económica puede subordinarse a prioridades políticas.

Por eso los mensajes diarios que la presidenta Sheinbaum lanza a favor de la inversión chocan contra una pared construida durante años con señales que apuntaron en sentido contrario. La inversión no se activa porque el gobierno declare que la quiere. Se activa cuando el inversionista percibe condiciones reales para entrar, operar, expandirse y defender su proyecto bajo reglas previsibles. Es decir: cuando existe Estado de derecho, consistencia regulatoria y capacidad institucional. Si esos elementos no están firmemente presentes, los anuncios se vuelven eso: anuncios.

Un inversionista puede adaptarse a costos altos, a trámites complejos o incluso a cargas regulatorias exigentes, siempre que las reglas sean claras y relativamente estables. Lo que destruye decisiones de inversión es otra cosa: la sensación de que el proceso depende del criterio discrecional de una autoridad.

El segundo freno: la tramitología

Más allá del entorno general, existe un segundo nivel del problema: la permisología. El empresario decide invertir y entonces comienza a lidiar con una cadena infinita de trámites, disposiciones normativas opacas y autoridades cuyas interpretaciones varían según el interlocutor. El proceso en sí mismo consume tiempo, capital y paciencia.

La presidenta ha instruido el diseño de un proceso exprés para la autorización de grandes inversiones que, según se reporta, está funcionando razonablemente. Es bueno para el gran inversionista que tiene acceso a los niveles de decisión. Pero es un mecanismo de imposible acceso para los inversionistas medianos, de quienes depende el grueso de la creación de empleo y la prosperidad local.

Y de ahí pasamos a una tercera capa del problema: aquella que en ocasiones pareciera que ni la propia presidencia de la república puede resolver.

El verdadero cuello de botella está en el territorio

La inversión no se juega sólo en Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda o en la relación con los grandes corporativos. También se juega —y muchas veces se decide— en presidencias municipales, oficinas locales de desarrollo urbano, direcciones de permisos y gobiernos estatales.

En más municipios de los que imaginamos, la autoridad local no opera como facilitadora del desarrollo. Opera como un actor que bloquea, que dilata, que extrae. En el discurso habla de atraer capital; en la práctica congela proyectos, cuestiona permisos de administraciones anteriores e impone cargas discrecionales, creando un entorno de ambigüedad suficientemente opaco como para que “resolver” dependa de algo más que la ley.

Esta práctica no es exclusiva de las administraciones actuales ni de una región. Lo que ha cambiado es su intensidad y la contradicción que representa frente a la agenda inversora del gobierno federal. Hay autoridades que impugnan autorizaciones previas no por razones técnicas, sino por lógica política. Otras trasladan a los proyectos privados obligaciones que corresponderían al municipio. Otras más utilizan la incertidumbre regulatoria como espacio de presión.

El resultado es devastador para el clima de negocios: los proyectos se encarecen, los tiempos se vuelven interminables y los incentivos de corrupción se activan con naturalidad. La inversión no huye por falta de incentivos; huye por arbitrariedad. Ésa es una distinción importante.

Con frecuencia, la conversación pública sobre inversión se concentra en incentivos fiscales, ventajas comparativas o grandes planes de infraestructura. Todo eso importa. Pero hay una variable aún más decisiva: generar una cancha pareja y desterrar la arbitrariedad. Un inversionista puede adaptarse a costos altos o trámites exigentes, siempre que las reglas sean claras y estables. Lo que destruye decisiones es la sensación de que el proceso depende del criterio de una autoridad en turno, de negociaciones informales que no deberían existir. Cuando eso ocurre, el problema ya no es económico: es institucional. Y ahí México arrastra una debilidad seria: en muchos territorios, invertir sigue implicando navegar relaciones de poder antes que reglas de derecho.

El costo oculto lo pagan las inversiones medianas

Las grandes inversiones, sobre todo las extranjeras, tienen una ventaja: su caso puede llegar a la mesa de la secretaria de Economía o incluso de la presidenta. La inversión mediana no tiene ese acceso, y ése es uno de los puntos más delicados del problema.

Muchas inversiones mexicanas —empresarios que quieren ampliar operaciones, desarrollar suelo, abrir capacidad industrial o apostar por nuevas zonas— quedan atrapadas en la maraña local sin capacidad de defensa política equivalente. Esas inversiones no salen en titulares ni forman parte de grandes anuncios presidenciales. Pero son cruciales para generar empleo, crear valor, ampliar la base fiscal y construir densidad económica real.

Se están perdiendo cientos de decisiones medianas que, sumadas, podrían sostener un crecimiento más sano y mejor distribuido. Precisamente lo que el Plan México dice buscar.

El problema no se resuelve con discurso

Si el país quiere promover inversión con seriedad, hay que modificar el diseño institucional. No basta con declarar voluntad política; en la práctica, esa voluntad es invisible en demasiados territorios.

La Constitución otorga a los municipios un papel central en el desarrollo urbano. Ese principio tiene lógica y como municipalista lo defiendo. Pero una cosa es que el municipio defina y apruebe la planeación de su territorio; otra, muy distinta, es que conserve incentivos para manipular cambios específicos de uso de suelo, permisos o autorizaciones como forma de obtener ingresos —legales o ilegales. Ahí existe un espacio claro para repensar instituciones.

Una ruta posible: mantener en el municipio la rectoría sobre los planes generales, pero trasladar las modificaciones específicas de predios o cambios excepcionales a una instancia técnica con mayoría ciudadana en su órgano de decisión y reglas transparentes. No propongo una ventanilla adicional ni nueva burocracia. Propongo un contrapeso.

El objetivo es reducir la discrecionalidad donde más daño hace: en el punto exacto donde un proyecto depende de una firma, una interpretación o una negociación opaca. Planeación clara, permisos con plazos obligatorios y verificables, discrecionalidad mínima. Si un proyecto cumple con las condiciones establecidas en el plan vigente, el permiso no debería ser objeto de regateo político. Y las solicitudes de modificación de uso de suelo en casos justificados deberían sustentarse en estudios técnicos sólidos, sujetos a un consejo con representación ciudadana —no a la decisión unilateral del ejecutivo municipal, cuyo interés político no siempre coincide con el desarrollo del territorio.

La certidumbre no puede seguir siendo una concesión. Tiene que ser una condición estructural del sistema; porque mientras no lo sea, las autoridades locales conservarán el poder de crear escasez regulatoria y luego administrar su resolución.

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Un país no se vuelve atractivo sólo por su mercado, su ubicación o sus costos. Se vuelve atractivo cuando el inversionista percibe que puede entrar, operar y quedarse sin depender del humor de la autoridad en turno.

México todavía no puede afirmar eso con plena convicción. Y mientras no pueda, los anuncios seguirán siendo anuncios.