La oportunidad de Sheinbaum

La crisis del INE ha colocado a la presidenta Claudia Sheinbaum ante una disyuntiva que rebasa la salida de Guadalupe Taddei y las investigaciones sobre contratos: puede actuar como jefa de partido, ocupada en deslindar a Morena, o como jefa de Estado, dispuesta a reconstruir la confianza en el árbitro electoral. Por el bien del país, debería elegir lo segundo.

La Constitución establece que la nueva consejera presidenta será elegida por dos tercios de la Cámara de Diputados. Efectivamente la decisión formal no corresponde a Palacio Nacional. Políticamente, sin embargo, nadie puede ignorar que Sheinbaum encabeza el movimiento que controla la mayoría legislativa. Su liderazgo puede convertir la sucesión en una imposición, dejarla nuevamente a la tómbola o abrir un acuerdo con las principales fuerzas políticas.

No se trata de conceder a la oposición un derecho de veto ni de fabricar una neutralidad imposible. Se trata de entender que quien encabece al INE llegará con una legitimidad precaria si es percibida como la ficha de una sola fuerza. Un consenso amplio no garantizaría su independencia, pero elevaría el costo de capturarla y ofrecería una base mínima para reparar la institución.

El acuerdo debería comenzar por el perfil: independencia acreditada, experiencia técnica y capacidad para reconstruir la colegialidad. Pero tendría que ir más lejos, pues la crisis no nació únicamente de personas equivocadas, también surgió de reglas equivocadas.

En octubre de 2024 se incorporó a la ley la facultad de la presidencia del INE para designar directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. La modificación concentró decisiones que antes exigían una propuesta presidencial y al menos ocho votos del Consejo General. La propia legislación conserva disposiciones colegiadas que conviven tensamente con la nueva atribución. Esa contradicción es el origen de los llamados “superpoderes”.

Concentrar nombramientos modifica incentivos. Quien controla la estructura ejecutiva puede reducir la deliberación al mínimo, premiar lealtades y debilitar la capacidad interna de cuestionar decisiones. Eso no acredita por sí mismo la comisión de delitos. Sí crea, en cambio, un entorno más favorable para conflictos de interés, redes de influencia y contrataciones con controles insuficientes.

El problema de los “superpoderes” no es, por tanto, sólo quién los ejerce. Es que existen. La nueva consejera presidenta podría comprometerse públicamente a someter sus nombramientos al Consejo y a no utilizar unilateralmente esa atribución. Sería una señal inmediata, pero no una solución durable. Las instituciones no deben depender del autocontrol de sus titulares. El Congreso tendría que eliminar la ambigüedad y restituir expresamente el nombramiento colegiado.

Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha seguido otra ruta: repartir responsabilidades hacia atrás. Recordó que Guadalupe Taddei fue designada en 2014 para presidir el organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova. El dato es cierto, pero incompleto como explicación. Aquella designación local no equivale a su elección posterior como presidenta nacional ni explica la decisión legislativa que concentró facultades en sus manos.

La presidenta también señaló que el proveedor hoy cuestionado participaba en procesos de adquisición de material electoral desde años anteriores. Pero la antigüedad de un contratista no lo absuelve ni lo condena. En realidad, obliga a preguntar más: ¿qué controles existían, ¿cuáles se relajaron y quiénes se beneficiaron? Los controles no eliminan el apetito de proveedores y funcionarios; lo contienen. Cuando se desmontan, una relación comercial prolongada puede transformarse en una red de influencia.

Un ejemplo sucedido en el Estado de México, evocado desde la mañanera, ofrece una lección distinta. En 2005, una contratación de material electoral con Cartonera Plástica, donde aparece el nombre de Alfredo Hernández Casillas, desató una crisis en el instituto local. Sé por una fuente directa que en plena crisis, el secretario general de Gobierno ofreció inicialmente la renuncia del consejero presidente. Los partidos de oposición exigieron el relevo de los siete consejeros. Hubo voluntad política, se construyó un acuerdo, se integró un nuevo Consejo y la elección de gobernador pudo ser conducida por una autoridad renovada.

Los casos no son idénticos y sería irresponsable trasladar mecánicamente aquella solución al INE actual. Sin embargo, cuando se rompe la confianza, una sustitución mínima puede resultar insuficiente. La salida debe tener la profundidad del daño y combinar renovación, controles y responsabilidades individualizadas.

Hoy se requieren cuatro decisiones: elegir mediante consenso a una consejera presidenta con credibilidad propia; acordar que no ejercerá unilateralmente la facultad de nombramiento; reformar la ley para devolver esa decisión al Consejo General; y realizar auditorías independientes que determinen responsabilidades y reconstruyan las compras públicas con competencia, trazabilidad y controles cruzados.

Confieso que veo difícil este desenlace. La reacción presidencial ha sido defensiva y ha privilegiado el deslinde. Pero las oportunidades de Estado casi siempre aparecen disfrazadas de costo político. Sheinbaum puede proteger la narrativa de Morena o proteger la credibilidad de las elecciones.