La reforma que no reforma

Toda reforma electoral debería responder a una pregunta sencilla: ¿a quién beneficia? Si la respuesta apunta, de manera sistemática, al partido que la impulsa, entonces no estamos ante una reforma democrática sino ante un ejercicio de ingeniería política para perpetuar el poder. La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no supera esa prueba básica. No porque sea técnicamente deficiente en todos sus aspectos, sino porque omite deliberadamente los problemas que más amenazan la legitimidad electoral en México, mientras refuerza los mecanismos que han permitido la concentración progresiva del poder en manos de Morena y sus aliados.

Para entender el alcance de lo que ocurre, es necesario mirar hacia atrás. La actual mayoría legislativa —que ha hecho posible una cascada de reformas estructurales, incluida la polémica y costosa reforma judicial— no surgió como resultado del mandato del voto ciudadano. Surgió como consecuencia de un mecanismo tramposo de sobrerrepresentación electoral, apoyado en la interpretación de varios preceptos legales electorales, por un Tribunal Electoral cooptado por el poder que incluso llega al momento culminante de su histórica decisión, con solo 5 de sus 7 magistrados integrantes. No porque se hubiera dificultado integrarlo, sino porque deliberadamente así lo quiso el presidente Lopez Obrador. Resultado de lo anterior, cámaras legislativas compuestas por un veinte por ciento más de legisladores de lo que el voto ciudadano había determinado en las urnas.

Lo anterior fue el punto de inflexión. A partir de él, el bloque gobernante adquirió una mayoría calificada que no requería negociación ni construcción de consensos. Las reformas se aprobaron a un ritmo que superó la capacidad de análisis de la sociedad civil, dejó pasmados a especialistas y totalmente fuera de la discusión y reflexión a los partidios de oposición. El equilibrio de poderes, que es la columna vertebral de cualquier democracia funcional, comenzó a erosionarse no por un golpe de Estado, sino por la acumulación silenciosa y tramposa de ventajas institucionales del partido en el poder.

El gran ausente: el crimen en las urnas

La reforma electoral presentada por el gobierno toca muchos temas, pero guarda un silencio elocuente sobre el fenómeno que más daña la calidad de la democracia mexicana: la penetración del crimen organizado en los procesos electorales. Esto no se trata de una amenaza abstracta. El financiamiento ilícito de campañas, la influencia de organizaciones criminales en la selección de candidatos, la intimidación de votantes y la manipulación del día de la jornada electoral son realidades documentadas en decenas de municipios y estados. En algunas regiones del país, la pregunta no es quién tiene más votos, sino quién tiene más respaldo del grupo criminal dominante.

Una reforma electoral que no aborde esta patología es, en el mejor de los casos, cosmética. Y cuando esa omisión convive con el debilitamiento del sistema de justicia —consecuencia directa de la reforma judicial— el diagnóstico se vuelve más sombrío: se están eliminando los instrumentos que podrían combatir la captura criminal del proceso político, mientras se reencauza la discusión hacia temas que favorecen la narrativa oficial. La democracia no se mide solo por la libertad de emitir un voto; se mide también por las condiciones en que ese voto se produce.

Hace un par días, en su reunión de seguridad hemisférica, vimos al Trump intempestivo y echado para adelante, que quiere eliminar a los carteles criminales ingresando sin más a territorio mexicano. Para él la anulación del “mencho”, quizás el que llegó a ser el mas peligroso del mundo, es historia y quiere más. Que mejor mensaje de México en su convicción de acabar con este cáncer que poner un dique a la penetración del crimen en el proceso electoral y con esto romper uno de los más poderosos vínculos en la protección política del crimen organizado.

Cuando la política daña la economía

El deterioro institucional no es un problema abstracto reservado a politólogos y juristas. Tiene consecuencias directas y medibles en la economía, como lo hemos venido argumentando en otras participaciones. Los inversionistas —nacionales y extranjeros, grandes y pequeños— requieren reglas del juego predecibles, contratos que se respeten y tribunales que funcionen con independencia. Cuando esas condiciones se debilitan, el costo del riesgo aumenta, los proyectos se posponen y el capital busca otros destinos. México lo está viviendo: la incertidumbre jurídica generada por la reforma judicial, los cambios regulatorios unilaterales y la percepción de que las reglas pueden modificarse según las conveniencias del momento están afectando la confianza empresarial, por más que queramos proyectar una imagen distinta juntando en una fotografía a un grupo de grandes empresarios mexicanos, todos sonrientes alrededor de la presidenta, pero que hasta el momento no han movido la aguja de la inversión privada nacional.

Esto no afecta solo a los grandes corporativos. La pequeña empresa que enfrenta extorsión y no encuentra respuesta del Estado, la mediana empresa que no puede litigar contra una autoridad porque resulta que los jueces son electos con acordeones financiados con recursos de dudosa procedencia, el emprendedor que no sabe si sus contratos serán respetados: todos ellos operan en un entorno donde el debilitamiento institucional se traduce en costos reales. Y en el contexto del T-MEC, donde la estabilidad jurídica es un compromiso central, la percepción de deterioro del Estado de derecho puede tener implicaciones que trascienden lo comercial y afectan la posición geopolítica del país.

El círculo que se alimenta a sí mismo

Existe una lógica perversa que conecta el debilitamiento institucional con la violencia y la pobreza. Sin crecimiento económico sostenido, la falta de oportunidades empuja a una parte de la población joven hacia la informalidad y, en su expresión más dramática, hacia el reclutamiento por organizaciones criminales. Sin Estado de derecho, las instituciones de seguridad se contaminan, los criminales operan con mayor impunidad y la violencia se normaliza. Y cuando la violencia se normaliza, la inversión se aleja, el crecimiento se frena y el ciclo se repite. México no puede romper ese círculo con reformas que atiendan los síntomas mientras dejan intactas las causas estructurales.

2027 y 2030: la aritmética del poder

Frente a este panorama, la pregunta política más urgente no es ideológica sino aritmética: ¿cómo se reconstruyen los equilibrios institucionales en un sistema electoral en el que el partido gobernante parte con ventajas estructurales significativas? La respuesta pasa, inevitablemente, por las elecciones de 2027 y 2030. Y en ese horizonte, la fragmentación de la oposición no es una opción estratégica: es una fórmula de derrota anticipada.

Competir divididos frente a una fuerza política que cuenta con el aparato del Estado, recursos institucionales casi ilimitados y una narrativa consolidada equivale, en términos prácticos, a renunciar a la posibilidad de moderar el poder. Aquí no se trata de ganar o perder: se trata de si México tendrá o no contrapesos reales en su sistema político durante la próxima década.

La Alianza como obligación moral

En este contexto debe leerse el decálogo presentado por Alejandro Moreno, presidente del PRI, que llama a la construcción de una Alianza Electoral por México. La propuesta no surge del vacío: parte de un diagnóstico compartido por amplios sectores de la sociedad política y civil que reconocen que la concentración del poder en una sola fuerza política es el principal riesgo democrático del país en este momento. La idea central del decálogo es contundente: “Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral”.

Las críticas hacia las dirigencias partidistas son legítimas. Los partidos políticos de oposición cuentan con niveles históricos de rechazo ciudadano. Hay desconfianza acumulada, agravios históricos reales y diferencias que no deben minimizarse. Pero es necesario distinguir entre la crítica a los partidos y la negación de la realidad política: en las democracias plurales, los partidos, con todas sus imperfecciones, son los instrumentos organizados del debate y la competencia electoral.

Construir una alianza pragmática no significa borrar las diferencias: significa jerarquizarlas. El objetivo no es que el PRI, el PAN o el MC ganen el poder por sí mismos; el objetivo es que México recupere equilibrios. Eso requiere que los partidos analicen con frialdad sus fortalezas electorales reales, dejen atrás las ambiciones de protagonismo y construyan una oferta política que sea capaz de movilizar al electorado que hoy se abstiene.

El electorado silencioso que puede cambiar la ecuación

Existe en México un electorado amplio que no participa en las elecciones intermedias pero que sí vota cuando percibe que está en juego algo que le importa directamente: su economía, su seguridad, el futuro de sus hijos. Ese electorado —el pequeño empresario que paga extorsión, la familia que espera una cita médica que nunca llega, el joven que no encuentra empleo formal, el ciudadano que ve cómo su colonia se deteriora sin respuesta institucional— puede ser movilizado si se le presenta una oferta política creíble y una narrativa que conecte con sus preocupaciones cotidianas.

El deterioro del sistema de salud, la inseguridad que afecta a los negocios de barrio, la absorbente corrupción local, no son temas abstractos, son la vida diaria de millones de mexicanos. Una alianza opositora que sea capaz de articular esas preocupaciones con una visión institucional coherente tiene posibilidades reales de competir. Una oposición dividida que compite con candidatos distintos, definitivamente no.

Decisiones extraordinarias para momentos extraordinarios

Si el principal obstáculo para construir una alianza opositora es la desconfianza entre dirigencias políticas, hacia los liderazgos partidistas, entonces esos liderazgos deben estar dispuestos a hacer algo que va contra el instinto natural de cualquier político: poner el interés del país por encima del propio. Eso puede significar decisiones incómodas, difíciles de procesar. Puede significar ceder candidaturas, aceptar liderazgos compartidos o incluso considerar la renovación de dirigencias que han acumulado demasiados costos de imagen.

Lo digo con plena claridad desde mi convicción priísta: si la renuncia de Alejandro Moreno a la dirigencia del PRI es el precio necesario para destrabar una alianza amplia y seria, entonces esa opción debe estar sobre la mesa. No como derrota, sino como acto de responsabilidad política. Los líderes que son capaces de subordinar su ambición personal a un proyecto colectivo son los que merecen ser recordados. Los que se aferran al cargo cuando su presencia se convierte en obstáculo son los que aceleran el declive de sus propias instituciones.

México enfrenta una encrucijada. La reforma electoral que se nos presenta no es la solución: es parte del problema. El camino hacia una democracia más robusta no pasa por nuevas reglas diseñadas para perpetuar a quien ya tiene el poder. Pasa por la reconstrucción paciente y estratégica de los contrapesos que se han ido erosionando. Eso requiere una oposición unida, una ciudadanía movilizada y líderes políticos capaces de entender que, en ciertos momentos de la historia, la responsabilidad exige más que cálculos electorales. Exige decisiones extraordinarias.