Liberan 13 pozos comunitarios; regresan el agua al pueblo, afirman

• Avanza la regularización hídrica que busca terminar con la cadena de comercio ilícito del vital líquido
• Con estas acciones se garantiza que el agua llegue a quien verdaderamente la necesita: las comunidades

En el marco de la “Operación Caudal”, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizó la entrega en depositaría de 13 pozos comunitarios, con lo que el recurso hídrico vuelve a manos de los pueblos y municipios a los que pertenece.

La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, destacó que este proceso reafirma el compromiso de la administración estatal con la justicia hídrica y la transparencia en el manejo del agua.

“Estamos regresando el agua al pueblo. Estos 13 pozos son para las comunidades, no para la venta. Nuestro objetivo es que el agua cumpla su propósito social y llegue directamente a los hogares mexiquenses”, señaló García Villegas.

La funcionaria informó que la entrega en depositaría de estos pozos fue resultado de resoluciones de la Fiscalía mexiquense, en las cuales se acreditó legalmente la propiedad y regulación de los mismos por parte de municipios y comunidades, no obstante que las investigaciones continúan.

Estos 13 pozos serán operados por representantes de la comunidad, los organismos de agua municipales o ambos, con el fin de reanudar la distribución del líquido vital para el uso doméstico por lo que no podrá excederse del volumen permitido de extracción y tampoco podrá comercializarse.

Entre los puntos que han reanudado actividad en favor de la población se encuentran ubicados en Amecameca, Ixtapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec, los cuales estarán bajo la responsabilidad directa de los gobiernos locales, comunidades o ejidos, según corresponda.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa una nueva etapa de orden, legalidad y equidad en la gestión del agua, asegurando que los recursos naturales sean utilizados con transparencia, corresponsabilidad y beneficio colectivo.