Más partidos, ¿pluralidad o fragmentación?

El verdadero desafío de los nuevos partidos políticos es demostrar que su existencia representa de verdad una parte del electorado y que no nacieron como satélites destinados a diluir el descontento social y fungir como instrumentos del régimen.

En cualquier democracia, la aparición de nuevos partidos suele recibirse como una buena noticia. Más opciones en la boleta parecen traducirse en automático en mayor pluralidad, más competencia y una mejor representación de la sociedad. Pero en el contexto actual tener más partidos no necesariamente implica fortalecer el sistema democrático.

Desde la reforma político-electoral de 1996, considerada uno de los momentos fundacionales de la transición democrática, México ha experimentado distintos ciclos en el número de partidos con registro nacional. El sistema ha oscilado entre seis y 10 partidos, dependiendo de cada proceso electoral.

La reciente decisión de incorporar dos nuevas fuerzas políticas merece una reflexión más profunda que la simple celebración del pluralismo. Porque México vive uno de los momentos de mayor concentración de poder desde la transición democrática.

Morena y sus aliados controlan la Presidencia, construyeron ilegítimamente mayorías legislativas, gobiernan 23 entidades federativas, han cooptado o desaparecido los entes autónomos y han impulsado una profunda reconfiguración del Poder Judicial.

Si bien es cierto que si una organización cumple los requisitos que establece la ley, el INE está obligado a otorgarle el registro. La pregunta relevante no es si los nuevos partidos nacieron como opciones legítimas. La pregunta es si su existencia terminará siendo funcional al régimen.

Hay numerosos ejemplos en la historia política de cómo la fragmentación de la oposición beneficia a quien ya ocupa el poder. Cuando el voto opositor se dispersa entre más alternativas, disminuyen las posibilidades de construir mayorías competitivas.

Nuevos partidos pueden atraer liderazgos inconformes, dividir electorados específicos y reducir la fuerza de las opciones tradicionales sin necesariamente convertirse en alternativas reales de gobierno.

Esta posibilidad cobra relevancia cuando una de las fuerzas proviene de una organización que durante años fue aliada electoral de Morena, mientras la otra busca ocupar el espacio de una oposición debilitada y fragmentada.

Ninguna nace en el vacío. Ambas son producto de estructuras, dirigentes y proyectos políticos con antecedentes ampliamente conocidos. Por un lado, un aliado del régimen que por tercera ocasión logra subirse al tablero político, y por otro, una nueva corriente a la que se han sumado actores de diversa extracción política o apartidistas.

No significa que actúen como partidos satélite ni que exista una subordinación automática al oficialismo. Pero sí obliga a observar si, voluntaria o involuntariamente, terminan favoreciendo el equilibrio político que hoy beneficia al partido gobernante.

Paradójicamente, el sistema electoral también les impone una prueba difícil. La legislación les prohíbe competir en coalición durante su primera elección federal y les exige obtener al menos el tres por ciento de la votación para conservar el registro. Tendrán que demostrar que representan una base social auténtica y no únicamente el reciclaje de viejas estructuras políticas.

El verdadero examen comenzará en 2027. Ahí sabremos si lograron construir una identidad propia o si simplemente se convirtieron en instrumentos para redistribuir votos dentro del mismo sistema.

La democracia no se fortalece por el simple aumento de logotipos en la boleta. Se fortalece cuando existe competencia real, cuando las alternativas son genuinas y cuando los ciudadanos pueden castigar o premiar, con su voto, a quienes nos gobiernan.