Narcopolítica pone presión sobre Morena

Las acusaciones de presuntos nexos entre política y crimen organizado vuelven a poner bajo presión a Morena y a autoridades de Sinaloa.

• Señalamientos vinculan a funcionarios de Sinaloa con presuntas redes criminales.
• Denuncian posible intervención del crimen organizado en elecciones de 2021.
• La crisis de violencia y desapariciones en Sinaloa sigue creciendo.

La presunta relación entre actores políticos y grupos del crimen organizado volvió a encender el debate nacional, luego de que acusaciones de presunta narcopolítica colocaran en el centro de la controversia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a integrantes de su administración.

De acuerdo con señalamientos difundidos en distintos espacios nacionales e internacionales, durante el proceso electoral de 2021 habría operado una supuesta estructura de presión, financiamiento ilícito e intimidación para favorecer políticamente a Morena en diversas regiones del estado.

Las acusaciones también mencionan a funcionarios y perfiles ligados a áreas estratégicas del gobierno estatal, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, situación que ha intensificado las críticas sobre la situación de seguridad y gobernabilidad en Sinaloa.

En medio de este panorama, ciudadanos y sectores políticos han cuestionado la falta de resultados en investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre estructuras criminales y procesos electorales, especialmente ante el incremento de la violencia que enfrenta la entidad.

Actualmente, Sinaloa acumula más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y miles de familias desplazadas, además de una afectación económica que ha impactado el empleo y la estabilidad social en distintas regiones del estado.

Desde 2021, el PRI aseguró haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por la posible intervención del crimen organizado en elecciones; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer avances públicos contundentes sobre dichas investigaciones.

El tema vuelve a colocar sobre la mesa la preocupación por la seguridad, la transparencia electoral y el impacto de la violencia en la vida cotidiana de miles de familias mexicanas.