PROFESIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN MÉXICO

A través de una estrategia perfectamente legal planteada y organizada, el consorcio empresarial encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFAS), 10 impedimentos y 2 conflictos competenciales, logró retrasar la ejecución del cobro por parte de las autoridades recaudatorias.

El tema de la disputa en tribunales entre el gobierno federal en contra del conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego no resultó ajeno a nadie por lo que las redes sociales y medios de comunicación se vieron inundadas por diferentes posicionamientos frente a un tema legal que se había venido aplazando desde hace algunos años.

Un acto que para algunos resultó congruente debido al respaldo que tiene el empresario como activo crítico del actual gobierno federal, mientras que para otros más se trató de una estrategia que dañaba las arcas de la federación.

Vale la pena mencionar que actualmente el empresariomexicano, de acuerdo con la revista Forbes, ostenta una fortuna de 4 mil 900 millones de dólares durante 2025, lo que lo permite colocarse como la quinta persona más rica de México y en el sitio 734 a nivel global.

El fundador y presidente de Grupo Salinas, conformado por empresas como Banco Azteca, TV Azteca, Totalplay y otras más, desde hace poco más de 10 años mantiene un adeudo de más de 48 mil millones de pesos con el fisco, cantidad que las autoridades no han podido cobrar debido a la estrategia legal planteada por el magnate.

Una situación que cambió recientemente tras la votación realizada por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quiénes desecharon los recursos planteados de Grupo Elektra y TV Azteca y multaron a las empresas de Ricardo Salinas Pliego por presentar impedimentos para retrasar la resolución del caso.

Sin embargo, en una decisión expresa y sin mayores discusiones, las y los integrantes de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) decidieron desechardirectamente todos los amparos en revisión que Grupo Salinas planteó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados que confirmaban.

Con la decisión de la SCJN el conglomerado de empresas tiene la obligación de pagar los créditos fiscales que hasta el momento alcanzan aproximadamente la cifra de 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos.

Resalta el hecho de que la disputa entre las empresas de Salinas Pliego y la autoridad no es un proceso que haya trabajado y terminado esta Corte, más bien se trata de unproceso que ya se venía perdiendo a lo largo de los años, con una actuación de la Corte simplista y sosa al no entrar al fondo legal que prácticamente ya estaba determinado.

Más aún, el manejo que se le dio a este caso plantea algunos cuestionamientos sobre las estrategias y el actuar de la autoridad judicial. Pues, sin tomar partido por ninguno de los bandos en conflicto, se puede observar cómo la falta de pericia de las autoridades permite algunos abusos por parte de algunos actores y cómo desde el poder judicial se toman decisiones sin tomar en cuenta los recursos legales promovidos y que se encuentran amparados por nuestra Constitución.