Propone Enrique Vargas eliminar definitivamente la tenencia vehicular

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa formal para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de prohibir de manera expresa el cobro de la tenencia o cualquier impuesto por el uso de vehículos particulares en todo el país.

El legislador por el Estado de México argumentó que este gravamen, creado originalmente en 1962 de forma transitoria para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, ha perdido toda justificación jurídica y económica, convirtiéndose en una carga injusta que atenta contra el patrimonio de las familias.

Adiós a las "simulaciones" recaudatorias

Vargas del Villar señaló que, aunque la tenencia federal se eliminó en 2012, la falta de una prohibición clara en la ley permitió que los estados "recrearan" el impuesto bajo otros nombres, como impuestos verdes o derechos de control vehicular.

Impacto marginal en finanzas, gran daño social

Basado en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el senador expuso que la tenencia representa, en promedio, menos del 1% de los ingresos totales de los estados. Este impacto recaudatorio marginal no justifica los efectos negativos que genera:

• Evasión fiscal: Fomenta el cambio de placas a estados donde no se cobra ("emplacado foráneo").

• Informalidad: Incentiva la falta de actualización de registros vehiculares.

• Carga familiar: Afecta a los propietarios de los más de 38 millones de vehículos particulares que circulan en México.

La propuesta de reforma

La iniciativa busca adherir el Artículo 10-F a la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que:

1. Prohibición total: Ni estados ni municipios podrán establecer o mantener impuestos que graven la posesión o uso de autos particulares.

2. Sin excepciones: La medida aplicaría sin importar la denominación, modalidad o mecanismo de cálculo que se pretenda utilizar para disfrazar el cobro.

Con esta reforma, el PAN busca garantizar que ninguna entidad federativa pueda imponer directa o indirectamente este gravamen, protegiendo la economía de millones de mexicanos que utilizan su vehículo como medio de transporte y sustento diario.