Propone GPPRI fortalecer y democratizar la seguridad pública en Edomex

Con el objetivo de transformar la seguridad pública en una verdadera política de Estado que trascienda colores partidistas, la bancada del PRI en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para otorgar respaldo legal y carácter plural a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La propuesta, impulsada por los diputados Elías Rescala Jiménez e Eduardo Zarzosa Sánchez, busca reformar la Ley de Seguridad estatal para institucionalizar este espacio como una instancia colegiada donde la responsabilidad sea compartida entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas políticas.

Un esquema de participación inédito

La reforma plantea un cambio histórico en la toma de decisiones estratégicas:

• Inclusión Partidista: Por primera vez, los partidos políticos con registro en la entidad deberán participar, al menos una vez por semana, en las reuniones de la Mesa para proponer políticas y reformas que fortalezcan la coordinación.

• Sesiones Diarias: La Mesa se reunirá cada día para revisar los hechos delictivos recientes, evaluar necesidades operativas y dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva.

• Liderazgo y Estructura: El organismo será presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y contará con una Secretaría Técnica para registrar y vigilar el cumplimiento de acuerdos.

Objetivos y operatividad

El documento legislativo detalla que la Mesa de Paz no será solo un espacio de consulta, sino un centro de articulación operativa. Sus funciones principales incluirán:

1. Análisis en tiempo real: Conocer y atender hechos delictivos de manera inmediata.

2. Evaluación de estrategias: Medir la efectividad de las acciones para disminuir la violencia.

3. Apertura técnica: El Ejecutivo podrá invitar a especialistas o servidores públicos relevantes para aportar información útil en la toma de decisiones.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Para evitar que la seguridad se maneje con opacidad, la iniciativa establece la implementación de mecanismos de transparencia conforme a la ley. Esto garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer los avances y resultados de las estrategias implementadas, bajo una vigilancia mutua entre los actores políticos y las autoridades de seguridad.

De acuerdo con los proponentes, "democratizar la seguridad" es el camino para que la lucha contra la delincuencia cuente con un respaldo jurídico sólido y un consenso social que garantice su continuidad y eficacia a largo plazo.