Proponen Prohibir Pruebas de VIH y Sancionar Despidos Laborales

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. El objetivo es garantizar los derechos humanos de las personas que viven con VIH en el ámbito laboral, un espacio donde ocurre el 41% de los casos de discriminación denunciados ante el Conapred.

Modificaciones Clave para la Inclusión Laboral

La iniciativa busca llenar vacíos legales y establecer mecanismos de protección explícitos, ya que la legislación actual no obliga a los empleadores a tomar medidas proactivas contra la discriminación por estado de salud.

Las principales modificaciones propuestas incluyen:

• Prohibición de Pruebas: Se prohíbe explícitamente a los empleadores solicitar pruebas serológicas (VIH) o certificados médicos para la contratación, permanencia y/o promoción de personal.

• No Discriminación: Se establece que las personas con VIH gozarán de todos los derechos laborales y de seguridad social, sin restricción alguna, y no podrán ser objeto de trato discriminatorio o despido injustificado.

• Sanciones Económicas: Se impondrán multas severas (de 250 a 2,500 UMAs) a los patrones que discriminen, soliciten pruebas médicas o nieguen la promoción a un empleado o aspirante por su condición serológica.

• Medidas Proactivas: Se exige a los empleadores adoptar medidas para prevenir, mitigar y corregir cualquier afectación de derechos, incluyendo capacitaciones al personal directivo y de Recursos Humanos para erradicar el estigma.

El senador Vargas del Villar enfatizó que esta iniciativa es un "compromiso con la dignidad humana", pues el trabajo debe ser un ámbito "protector y dignificador" de las personas.

Señaló que la falta de estas modificaciones permite la exclusión laboral, lo que genera pérdida de ingresos, empobrecimiento y afecta la adherencia al tratamiento médico, conllevando mayores costos al sistema de salud. Se estima que alrededor de 7,800 adultos mayores con VIH en México carecen de seguridad social para su tratamiento.