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Proponen proteger patrimonio de adultos mayores
La iniciativa de Daniela Ballesteros plantea ampliar la protección contra el despojo, el abuso familiar y los contratos abusivos.
Evitar que las personas adultas mayores pierdan sus bienes mediante engaños, abusos familiares o el aprovechamiento de relaciones de confianza es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, de Morena, ante el Congreso del Estado de México.
La propuesta busca ampliar la definición de violencia patrimonial para incluir conductas en las que familiares, personas cuidadoras o alguien cercano aproveche una relación de parentesco, confianza, apoyo o dependencia para obtener, administrar o disponer de bienes y derechos en perjuicio de una persona adulta mayor.
El proyecto también establece que la edad, por sí sola, no deberá considerarse una presunción de incapacidad, dependencia o falta de aptitud para administrar el patrimonio. Con ello, plantea proteger sus bienes sin limitar su autonomía ni su derecho a decidir.
En materia contractual, la iniciativa propone que las personas perjudicadas puedan solicitar la nulidad de un contrato o la reducción equitativa de sus obligaciones cuando se haya aprovechado su situación de necesidad, dependencia o una relación de confianza para obtener un beneficio excesivo y desproporcionado.
Otro de los cambios contempla permitir la revocación de donaciones cuando quien las recibe ejerza violencia familiar contra la persona donante. Para las personas adultas mayores, se consideran conductas como abandono, explotación, despojo y violencia patrimonial. Además, plantea que no sea indispensable contar previamente con una sentencia penal condenatoria para solicitar esa revocación.
La legisladora expuso que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 citadas en el proyecto, el Estado de México contaba con 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores.
La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo para determinar si estas modificaciones se incorporan al marco jurídico estatal.