PT presume reformas en salud y justicia

Salud, justicia y elecciones fueron los principales temas de las reformas impulsadas por el PT en el Congreso mexiquense.

•  Se aprobó una nueva Ley de Salud con enfoque integral y de atención prioritaria.
•  Eliminan la prisión vitalicia y amplían los supuestos para otorgar amnistía.
•  Reformas electorales incluyen medidas contra el nepotismo y la reelección.

GPPT destaca reformas que impactan salud, justicia y elecciones

Las reformas aprobadas en el Congreso del Estado de México buscan mejorar la atención médica, fortalecer la justicia y modernizar las reglas electorales, con beneficios para millones de mexiquenses.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), coordinado por el diputado Oscar González Yáñez, informó que del 31 de enero al 15 de julio logró impulsar diversas reformas en materia de salud, justicia, procesos electorales y derechos laborales, con el respaldo de distintas fuerzas políticas y propuestas del Poder Ejecutivo estatal.

Entre los principales avances sobresale la aprobación de la nueva Ley de Salud del Estado de México, vigente desde el 28 de abril, la cual fortalece el derecho a la atención médica, crea el Sistema Estatal de Salud y establece un enfoque integral que incluye prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

La legislación también amplía la atención a grupos prioritarios como personas adultas mayores, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, comunidades indígenas y población de la diversidad sexual, además de contemplar acciones para la atención del VIH, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y salud materna.

En materia electoral, el GPPT destacó reformas que armonizan la legislación local con los cambios constitucionales nacionales, incorporando medidas para prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva, fortalecer la austeridad, mejorar la eficiencia del gasto público y modificar las etapas del proceso electoral.

Respecto al ámbito judicial, la bancada resaltó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, estableciendo una pena máxima de 70 años de cárcel, además de ampliar los supuestos para conceder amnistía a mujeres y personas que enfrentaron procesos sin perspectiva de género o de derechos humanos.

Asimismo, se aprobó un permiso anual con goce de sueldo para que las personas servidoras públicas puedan realizarse estudios médicos preventivos, además de reformas para fortalecer el trabajo legislativo y crear la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal.