Refuerza Congreso local coordinación interinstitucional en seguridad

El Congreso mexiquense aprobó fortalecer la coordinación interinstitucional en seguridad pública, ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconocer a las Mesas de Paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa, impulsar la profesionalización de cuerpos policiales, homologar el régimen disciplinario y fomentar la participación comunitaria en esta materia.

Durante la sesión del Quinto Período Extraordinario de la LXII Legislatura mexiquense, el Pleno avaló la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad, ambas del estado, a iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el propósito de consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales y de promover un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.

Conforme al dictamen, leído por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) —quien destacó que la iniciativa responde a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora, y que se implementan de manera permanente las mesas de paz en la entidad—, las instancias estatales y municipales de seguridad deberán garantizar el cumplimiento de la legislación vigente para consolidar la coordinación interinstitucional.

Además, contribuir a la cooperación efectiva de los sistemas estatal y nacional en este rubro; proporcionar al Sistema Nacional de Información las bases de datos correspondientes para su interconexión y consulta; y acordar con los poderes judiciales de la Federación y del Estado de México la mejora de los procesos de investigación y persecución de los delitos, bajo el mando y la conducción del Ministerio Público, entre otras atribuciones.

Se establece que la Secretaría de Seguridad implementará estrategias basadas en mecanismos de inteligencia para prevenir e identificar amenazas y factores generadores de violencia, coadyuvar en su sanción oportuna y garantizar que las instituciones de seguridad actúen con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos.

Igualmente, se prevé la realización de operativos para la prevención del delito y la aportación de información que permita una adecuada integración de indicios, datos y medios de prueba, a fin de fortalecer las investigaciones orientadas a la persecución de los delitos y al combate de la impunidad.

Además, se le faculta para implementar programas permanentes de capacitación, financiamiento, profesionalización y transferencia tecnológica dirigidos a los municipios, considerando criterios de incidencia delictiva, capacidades institucionales y condiciones territoriales específicas.

Respecto de las mesas de paz, dispone que son las instancias de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones estatales de seguridad pública, presididas por la persona titular del Ejecutivo mexiquense, y conformada por 10 entes públicos relacionados, además del Poder Judicial como invitado permanente y los municipios cuando se les requiera.

Las mesas sesionarán de manera ordinaria los días hábiles y de forma extraordinaria siempre que lo convoque su presidencia, siendo una de sus principales facultades coordinar las acciones de gobierno dirigidas a atender las causas de la violencia y promover la construcción de la paz.

En cuanto al fortalecimiento del servicio profesional de carrera y de los esquemas de profesionalización para las personas integrantes de las instituciones relacionadas, la reforma define con mayor claridad sus derechos y obligaciones, como el derecho a recibir una remuneración conforme al servicio que desempeñan y el riesgo de sus funciones.

Igualmente, se busca que el personal de prevención, reacción, investigación, análisis criminal y custodia penitenciaria cuente con condiciones profesionales y laborales dignas, homologue sus perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia en estas dependencias, así como los procesos de promoción, certificación y evaluación de control de confianza, a fin de garantizar que su actuación se apegue a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, contribuyendo a un sistema de seguridad pública más confiable, eficaz y centrado en la protección de las personas.

En cuanto a la homologación del Régimen Disciplinario de las Instituciones de Seguridad Pública, se establecen los correctivos disciplinarios, las sanciones y el procedimiento para su aplicación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la observancia de los valores éticos y el respeto a los derechos humanos por parte del personal.