Revocación de mandato a la mexicana

En su diseño original, la revocación de mandato es un mecanismo de rendición de cuentas, en el que la ciudadanía, inconforme con el rumbo del gobierno— inicia un proceso de levantamiento de firmas y presiona al poder a someterse a una consulta ciudadana para confirmar si continúa, o no, al frente del Ejecutivo. Se entiende que este tipo de movimientos surgen desde la oposición, introducen incertidumbre, obligan a rendir cuentas y abren la posibilidad real de perder el cargo antes de tiempo. Se trata, en esencia, de un seguro democrático contra el abuso de poder: incómodo para quien gobierna, pero alentador para el gobernado.

En América Latina, esta figura tiene su historia. En Venezuela, el referendo contra Hugo Chávez en 2004 fue impulsado por la oposición en medio de una crisis profunda y de movilización social intensa. En el referendo Chávez ganó y salió fortalecido. En Bolivia, en 2008, Evo Morales promovió un referendo revocatorio en un momento de tensión regional y política severa. El resultado fue una clara ratificación que reordenó el mapa político a su favor. Cabe señalar que el caso boliviano ofrece un matiz clave: aunque el proceso sirvió para consolidar poder, surge en un entorno de confrontación real, con regiones abiertamente enfrentadas al gobierno. En este caso la figura operó como válvula de una crisis genuina

Ambos casos enseñan la misma lección: la revocación no altera la correlación de fuerzas, la exhibe.

La inversión del mecanismo

En 2022, la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador no emergió de nungún movimiento para removerlo. Fue impulsada desde el propio poder, y en un momento de alta aprobación. La participación ciudadana fue baja y el ejercicio no alcanzó efectos legales, pero si alcanzó el objetivo político que se había trazado: movilizar la base, construir una narrativa de respaldo popular y ordenar la estructura territorial de Morena.

Hoy, con niveles de aprobación que superan el 65% y sin ningún movimiento ciudadano que exija rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum evalúa repetir el ejercicio en plena elección intermedia de 2027, cuando se elegirán 17 gobernadores, la Cámara de Diputados, prácticamente la totalidad de los congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos. El instrumento ciudadano de control al poder, deja de ser eso y se convierte en el pretexto para hacer campaña, ayudar a su movimiento y vulnerar el proceso electoral.

Desde el momento de la recopilación de firmas que iniciaría en septiembre y hasta llegar a la elección de junio, con cargo al erario, la presidenta se pasaría hablando su sus programas sociales y logros, movilizando estructura territorial y jalando a los candidatos de Morena en la elección intermedia. Este no sería un ejericio de rendición de cuentas, sería publicidad política institucionalizada.

El pretexto de la reforma electoral

Este ejercicio se inscribe en un proyecto más amplio: la reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Scheinbaum, cuya justificación pública descansa en el supuesto ahorro de recursos en procesos electorales. La premisa suena razonable, pero no deja de ser una mentira.

Activar una consulta de revocación de mandato cuando nadie está hablando de remover a la presidenta costaría varios miles de millones de pesos. Fondos públicos destinados a un ejercicio que no responde a ninguna demanda ciudadana real, sino a la conveniencia política de Morena. Bueno, ni siquiera su aliado del PT está conforme con esta simulación. Ese es el escándalo: la reforma que promete ahorro, es en realidad un gasto monumental para beneficio electoral de Morena.

Pero el objetivo de fondo va más allá del gasto. Lo que se busca con la reforma electoral, en su conjunto, es afianzar al partido en el poder y hacer más difícil la posibilidad de alternancia. No solo se pervierte un instrumento de rendición de cuentas. Se utiliza para cerrarle la puerta a los partidos de oposición y consolidar una hegemonía que ya controla el Ejecutivo federal, la mayoría en ambas cámaras del Congreso y la mayor parte de los gobiernos estatales.

Lo que está en juego

No es la primera vez que el poder redefine las reglas del juego desde adentro. Las instituciones no solo importan por su diseño, sino por cómo se usan, y en política, el uso termina redefiniendo el significado. La revocación de mandato nació como un instrumento contra el poder. Lo que quiere la presidenta con la modificación legal que permitiría llevar a cabo la consulta ciudadana simultáneamente a la elección intermedia, es hacer de la consulta un instrumento del poder.

Esta lógica tiene consecuencias que van más allá del debate jurídico. Cuando el Ejecutivo puede convocar periódicamente a ejercicios de ratificación, la frontera entre gobernar y hacer campaña desaparece. La legitimidad se redefine como una relación directa entre líder y ciudadanía, desplazando el papel del Congreso, los partidos y otras instituciones de contrapeso. No sobra señalar lo pernicioso que esto puede resultar para la la inversión —nacional y extranjera— que no gusta de los entornos de movilización política permanente, donde la incertidumbre se convierte en un costo estructural. Conviene leer la letra chiquita de los ofrecimientos de financiamiento de la banca, en la convención recién concluída, 2.8 billones de pesos de aquí al 2030, poniendo como condición la certeza jurídica.

Un elemento más para la ecuación opositora

Como señalé en el artículo anterior, la situación que vive México exige una respuesta a la altura. La acumulación de elementos sobre la mesa no puede ser ignorado.

Está el fraude más escandaloso de la historia reciente del país: el del huachicol fiscal, que no solo representa miles de millones de pesos que acabaron financiando candidatos y engrosando los bolsillos cuatroteístas, sino que revela una sofisticada red empresarial articulada con el crimen organizado, con instancias del Estado como la Marina, y con políticos corruptos que convirtieron el erario en botín electoral. Que decir del escándalo de la barredora en Tabasco que atraviesa a uno de los principales operadores del régimen, y a quién AMLO se refería como su hermano.

Frente a eso, los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— tienen una responsabilidad histórica que no pueden eludir con la comodidad de sus diferencias internas. Lo que está en juego en 2027 no es una elección intermedia ordinaria. Es la posibilidad de mantener vivos los principios básicos de la democracia: alternancia, contrapesos, rendición de cuentas. Las mismas figuras que el poder en turno está desmontando, una por una, con la complicidad de un Congreso que dejó de ser un contrapeso para convertirse en una extensión del Ejecutivo.

Dejar las diferencias, construir una coalición opositora amplia y competir con una agenda común en 2027 no es una concesión ideológica. Es la única apuesta realista para que México no despierte, en unos años, preguntándose en qué momento se cerró la puerta.