EN SÍNTESIS

? El margen se agotó: 80% del gasto de 2027 está comprometido antes incluso de discutir prioridades; solo pensiones y deuda absorben casi 40 de cada 100 pesos.

? La estrategia de ingresos del gobierno carga sobre el contribuyente cautivo: más fiscalización y menos deducciones para quienes ya pagan, con una economía que si bien le va, apenas crecerá alrededor de 2%.

? La propuesta: un pacto fiscal recíproco, con cinco compromisos verificables sobre cómo se decide, contrata y evalúa el gasto.

La discusión del paquete fiscal 2027 cabe en cinco palabras: el Gobierno necesita recaudar más. Mientras la Cámara de Diputados se apresta a aprobar la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal —que el Senado deberá revisar antes de que termine octubre—, la estrategia descansa, una vez más, en apretar la fiscalización, acotar deducciones y obtener más de quienes ya forman parte del padrón.

México no enfrenta sólo un problema de insuficiencia tributaria; enfrenta una crisis de confianza fiscal. El contribuyente ya no pregunta únicamente cuánto pagará, cada vez más le interesa saber quién decidirá el destino de esos recursos, con qué criterios se asignarán, bajo qué controles los regularán y qué ocurrirá cuando una obra cueste más, se retrase o no cumpla los beneficios prometidos.

Por eso, la disyuntiva correcta no es impuestos sí o impuestos no. Es qué tipo de Estado puede pedir un esfuerzo adicional a su empresariado, sin desalentar la inversión privada, sin castigar a una economía nacional seriamente debilitada con casi 6 empleos de 10 en la informalidad y sin erosionar la legitimidad de sus propias decisiones. Seguir apretando a los mismos contribuyentes desgasta a los motores de la economía los cuales ya muestran fatiga: Hacienda estima un crecimiento de apenas 2.05% para 2027, aunque el consenso de analistas privados lo sitúa por debajo.

Todo esto nos lleva a que pronto tendremos que discutir sobre una necesaria reforma fiscal que no solo ponga énfasis en los ingreso, pues una reforma que no incluya una profunda reforma del gasto será incompleta y, probablemente, insostenible.

La presión fiscal es real

México recauda poco frente a sus necesidades. Según la OCDE, los ingresos tributarios del país equivalieron a 17.7% del PIB en 2023, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21.3%) y apenas poco más de la mitad del promedio de los países de la organización (33.9%).^[1] Esto compromete sensiblemente la capacidad del Estado para financiar los principales servicios que requiere la población: seguridad, salud, educación e infraestructura.

Al mismo tiempo, el margen de maniobra se estrecha. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 80% del gasto propuesto para 2027 ya está comprometido en obligaciones previamente definidas.^[2] Pensiones —incluida la pensión universal para adultos mayores— y costo financiero de la deuda sumarán 3.96 billones de pesos: casi 40 de cada 100 pesos del presupuesto y más de tres veces lo que se destinará a inversión física. El espacio fiscal, lo que realmente queda por decidir, se reduce a 1.6% del PIB, frente a cerca de 5% hace una década.

LAS CIFRAS DEL PAQUETE 2027

17.7%

Recaudación tributaria / PIB (2023). Promedio OCDE: 33.9%

80%

Del gasto 2027 ya comprometido en obligaciones previas

1.6%

Espacio fiscal 2027 (% del PIB). Hace una década: ~5%

4.0%

Costo financiero de la deuda (% del PIB): 1.58 billones

Fuentes: OCDE, CIEP, SHCP (CGPE 2027) y México, ¿cómo vamos?

Sólo el costo financiero de la deuda alcanzará 1.58 billones de pesos, 4.0% del PIB, mientras los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicarán en 3.9%.^[3] Estas cifras describen una restricción estructural: aun si la recaudación aumenta, una parte creciente de cada peso adicional tiene destino antes de que comience la discusión sobre nuevas prioridades. El país necesita fortalecer sus ingresos, pero también revisar con urgencia la calidad, composición y eficacia del gasto.

Conviene, además, ser precisos sobre la deuda. La Constitución dispone que ningún empréstito podrá celebrarse sino para obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, con excepciones acotadas como el refinanciamiento o las emergencias.^[4] El mandato es claro; su cumplimiento, no tanto. Como ha advertido Jorge Chávez Presa, los recursos se han destinado a todo menos a gasto productivo. Por ello, la pregunta no es sólo cuánto se contrata, sino para qué se usa, qué capacidad genera y quién pagará el costo. Endeudarse para ampliar infraestructura productiva no produce el mismo resultado que hacerlo para sostener gasto corriente o cubrir decisiones sin retorno social comprobable. Malas o deficientes decisiones acaban cargando con la viabilidad futura de las nuevas generaciones.

Cobrar más a los mismos tiene límites

La fiscalización es indispensable, nadie lo discute, pues combatir la evasión, la elusión y la facturación simulada protege a quienes sí cumplen y evita que la competencia se distorsione. Sin embargo, una estrategia que descansa principalmente en elevar la carga efectiva sobre la base conocida puede producir efectos contrarios a los buscados.

La miscelánea 2027 lo ilustra. Acota la deducción de gastos y el aprovechamiento de pérdidas fiscales para empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, y endurece los controles sobre intereses y anticipos. Cada medida puede tener justificación técnica; el problema es la señal que se envía. Si una empresa percibe reglas cambiantes, deducciones inciertas, revisiones imprevisibles o mayores costos sin mejores servicios públicos, ajustará su comportamiento: pospondrá inversión, contratará menos personal, trasladará operaciones o buscará permanecer pequeña e informal.

México lo que necesita es incorporar más personas y actividades a la formalidad, no convertir al contribuyente cumplido en la fuente automática de cada nueva necesidad presupuestal. La recaudación sostenible proviene de una economía que crece, invierte y amplía su tamaño a través de mayor formalidad, de la mano de una administración tributaria eficaz. Cuando se sacrifica inversión para elevar el ingreso inmediato, el Estado termina erosionando su propia base futura.

El catastro: oportunidad y riesgo

La discusión sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en consulta pública hasta el 22 de noviembre, hace visible la misma tensión en el ámbito local.^[5] Bastó la ambigüedad de algunos conceptos —gravámenes a predios baldíos o subutilizados, recuperación de suelo vacante— para que el debate público hablara de un «predialazo», para que la oposición anunciara amparos y para que la Sedatu se comprometiera a precisar el documento.

La modernización catastral es, en sí misma, un avance necesario. Registros actualizados, digitales e interoperables permiten conocer mejor el territorio, reducir la discrecionalidad, proteger los derechos de propiedad y cobrar con mayor equidad. Existe, además, amplio espacio para fortalecer la tributación inmobiliaria: según la OCDE, el conjunto de impuestos sobre la propiedad equivalió apenas a 0.3% del PIB en México en 2023, lo que representa la mitad de lo observado en América Latina y el Caribe (promedio de 0.8%) y la cuarta parta de los países de la OCDE (promedio de 1.7%). Pero modernizar el catastro no justifica, por sí mismo, incrementos abruptos del predial ni sanciones automáticas a inmuebles considerados subutilizados.

Hay que separar cuatro decisiones que suelen mezclarse: actualizar la información física de los predios, revisar su valor catastral, determinar la tasa del impuesto y crear incentivos o recargos vinculados con el uso del suelo. Cada una exige fundamento legal, gradualidad, mecanismos de defensa y una evaluación de sus efectos distributivos.

El programa metropolitano plantea orientaciones de coordinación; no sustituye los planes municipales ni crea por sí mismo nuevos impuestos. La distinción importa. La política urbana debe combatir la expansión desordenada y aprovechar mejor la infraestructura existente, pero no puede introducir incertidumbre sobre la propiedad mediante conceptos ambiguos o decisiones administrativas difíciles de impugnar. Un buen catastro amplía la base, corrige inequidades y da certeza; mal implementado, se convierte en un instrumento recaudatorio que castiga el patrimonio sin mejorar los servicios.

La reforma pendiente está en el gasto

La resistencia a pagar más no se explica sólo por interés individual, también por saber en que se aplica “y en que no se lo roben”. Por ello cada vez más ciudadanos reclaman observar una relación clara entre sus contribuciones y la calidad de los bienes públicos que reciben. Especialmente en el gobierno de López Obrador se decidió por proyectos millonarios sin estudios ambientales, carentes de análisis de costo beneficio y que sufrieron modificaciones de costo, calendario y alcance, mientras se agudizaron carencias en salud, educación, agua, seguridad e infraestructura local. Cabe señalar que no hace falta convertir esta crítica en una acusación personal, pues el problema es institucional: cuando la decisión de dónde invertir se concentra en pocas manos, con amplios márgenes de discrecionalidad, estudios de preinversión débiles y procesos de contratación sin contrapesos efectivos, el resultado rara vez es bueno.

Una reforma del gasto debería incluir, por lo menos, cinco componentes:

1. Evaluación previa y pública. Ningún gran proyecto debería autorizarse sin alternativas comparables, costos de ciclo de vida y beneficios verificables.

2. Contratación abierta. Participantes, propuestas, modificaciones, beneficiarios finales y avances, disponibles en formatos completamente consultables.

3. Seguimiento físico y financiero. Información oportuna, prácticamente en tiempo real que permita detectar desviaciones antes de que se conviertan en hechos consumados.

4. Evaluación independiente de resultados. No basta comprobar que el dinero se ejerció; hay que demostrar qué produjo.

5. Consecuencias. Corregir, suspender o cancelar los programas que no cumplen, y sancionar las irregularidades cuando existan.

La transparencia tampoco puede reducirse a publicar miles de archivos. Debe permitir responder preguntas concretas:

Quién decidió, con qué información, quién contrató, cuánto se modificó el presupuesto, qué se entregó y qué resultado obtuvo la sociedad.

Estas reglas deben aplicarse a cualquier gobierno y a cualquier proyecto. Ahí radica precisamente su valor: desplazan la discusión de la confianza personal hacia la calidad institucional.

Un nuevo pacto fiscal

Muy pronto, México deberá discutir una reforma fiscal integral: cómo ampliar la base tributaria, fortalecer los ingresos locales, revisar los tratamientos preferenciales y financiar las obligaciones de una población que envejece. Pero esa conversación no puede limitarse a encontrar nuevos espacios de cobro.

El verdadero pacto consiste en obligaciones recíprocas. El ciudadano debe contribuir conforme a reglas generales y equitativas. El Gobierno debe demostrar que cada peso adicional se asigna con criterios públicos y profesionales, se contrata con competencia, se ejecuta con disciplina y se evalúa por sus resultados.

Sin esa reciprocidad, cobrar más profundizará la desconfianza y desalentará la inversión que sostiene la recaudación futura. Con ella, una eventual reforma fiscal debería aspirar a más, en convertirse en una reforma del Estado que le de más capacidad para prestar servicios y, a la vez, más controles para impedir la discrecionalidad que tanto daño le hace a las finanzas nacionales.

México sí necesita más ingresos, pero antes de preguntar cuánto más puede obtener de los contribuyentes cautivos, el Estado debe responder con claridad qué hará distinto con esos recursos, pues quién pide más dinero público debe estar dispuesto a rendir muchas más cuentas.

^[1]OCDE, CEPAL, CIAT y BID, Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025 (mayo de 2025). Cifras de 2023; el promedio OCDE corresponde al mismo año.

^[2]CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C.), análisis del Paquete Económico 2027, citado en El CEO, «Hacienda tendrá 625,700 mdp de espacio fiscal en 2027», septiembre de 2026. Montos de pensiones y costo financiero con base en los Criterios Generales de Política Económica 2027.

^[3]SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2027; México, ¿cómo vamos?, «Un primer vistazo al Paquete Económico 2027», 9 de septiembre de 2026.

^[4]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción VIII.

^[5]Sedatu y Gobierno de la Ciudad de México; consulta pública del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026. Véase La Crónica de Hoy, 12 de octubre de 2026.