Van sobre el Instituto Nacional Electoral

En la persecución por hacer realidad su proyecto político, el oficialismo se prepara para dar el zarpazo y acabar con la institución que desde el año 2000 y hasta el 2018 dio certeza a los mexicanos sobre el resultado de los comicios, lo que generaba estabilidad y confianza entre los ciudadanos e inversionistas nacionales y extranjeros.

Con el relevo de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala en el Consejo General del INE, tras 9 años de formar parte de él, se avecina una nube negra en materia democrática sobre México

Esos tres consejeros se convirtieron en la piedra en el zapato para la morenista Guadalupe Taddei, pues eran los que cuestionaban las decisiones colegiadas que tomó el Consejo General, la mayoría de ellas a favor de la 4T.

Al conocer algunos de los perfiles de los 405 aspirantes a esas 3 consejerías, se puede anticipar que serán alguno de los 5 directores ejecutivos del INE; tres de los asesores de Taddei Zavala; actuales funcionarios cercanos a la presidenta Sheinbaum; militantes de Morena y del PT, por lo que vale preguntar si los nuevos integrantes ejercerán sus responsabilidades con probidad y podrán sostener los principios democráticos, incluso en medio de presiones y amenazas.

Por supuesto que los que provienen de los organismos y tribunales electorales llegan debilitados, así como los abogados y activistas.

Esa es la importancia que reviste la elección de tres consejeros, porque si bien el INE de Taddei ya demostró su parcialidad y el deterioro al que han sometido al Instituto, las cosas pueden empeorar y llevar a Morena a ser partido único en México.

No debemos ningunear las fallas que el INE ha tenido en los últimos años: entre mayo de 2022 y septiembre de 2023, recibió mil 188 quejas por actos anticipados de campaña, pero para cuando el árbitro electoral quiso fiscalizar los gastos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le puso un alto, con el argumento de que la organización de estos procesos entraba en la autodeterminación de los partidos.

Lo que demuestra la falta de oportunidad con la que trabajan en este organismo, para favorecer a determinado actor político.

Después, en agosto de 2024, el Consejo aprobó por mayoría de ocho votos la asignación de diputaciones federales de representación proporcional, que otorgó en total a Morena, PT y PVEM una súper mayoría de 364 curules, lo que ha permitido a la 4T aprobar reformas constitucionales sin consultar a la oposición.

Ya hemos visto el daño que esta sobre representación ha causado al entramado institucional del que gozaba México.

También se vio su pasividad y negligencia con la elección judicial, que tenía deficiencias técnicas y aun así fue implementada; con abundantes errores como las revisiones defectuosas de los comités técnicos de evaluación, el diseño de boletas con decenas de nombres, la definición de un nuevo marco geográfico y la lluvia de juicios de amparo que colocaron al INE en un fuego cruzado entre juzgados que ordenaban la suspensión del proceso judicial, mientras el Tribunal Electoral se opuso a ello.

El último capítulo de este INE fue cuando Guadalupe Taddei envió al Senado de la República sus observaciones sobre la propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, que aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Diputados, pero que fue desconocido por 7 de los once integrantes del Consejo General.

Y es que la presidenta consejera presentó el documento como si hubiera sido aprobado por el Consejo General, sin que haya logrado el beneplácito de la mayoría.

Esto evidenció la fractura interna en el Instituto y el distanciamiento con su presidencia, en un momento clave para el futuro del sistema electoral mexicano.

El peligro que se cierne sobre el árbitro electoral es que deje de ser incómodo, permita que el gobierno se entrometa aún más en los comicios y ni se perturbe ante la intención de debilitar el servicio profesional del INE, al eliminar las juntas locales y distritales permanentes.

Todo esto obliga a cuestionar la autonomía, el rumbo y la estabilidad del árbitro electoral.