Toluca, Estado de México, 16 de octubre de 2024.- La diputada Krishna Karina Romero Velázquez, presidenta de la Comisión para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense, aseguró que la protección de los derechos de los menores es una obligación legal y un compromiso ineludible. Al instalar formalmente la Comisión, destacó que garantizar su desarrollo integral y mejorar sus condiciones de vida es una inversión en el futuro del Estado de México, donde residen 4.4 millones de menores.
Romero subrayó la importancia de impulsar reformas y políticas que aseguren el acceso de las niñas, niños y adolescentes (NNA) a derechos fundamentales y los protejan de cualquier forma de vulnerabilidad. En presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la legisladora señaló que promoverá el diálogo y consenso entre los integrantes de la Comisión.
Congresistas de diversas fracciones coincidieron en la necesidad de atender las carencias de los menores en situaciones de pobreza, violencia y exclusión. Javier Cruz Jaramillo (Morena) lamentó el abandono de las infancias rurales e indígenas, mientras María del Carmen de la Rosa Mendoza solicitó reforzar las políticas públicas para menores en centros de asistencia social. Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández abogó por los derechos de las infancias trans y la diversidad sexual.
Los congresistas también abordaron otros problemas críticos como la violencia, el trabajo infantil y los embarazos de menores. La legisladora Alejandra Figueroa Adame destacó la importancia de trabajar junto a expertos y organizaciones civiles para mejorar el bienestar de los NNA. Por su parte, Araceli Casasola Salazar (PRD) subrayó la necesidad de combatir la malnutrición infantil y otras problemáticas de salud.
Finalmente, las representantes de la Comisión de Derechos Humanos y el Sipinna resaltaron la importancia de la coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para implementar políticas públicas preventivas y garantizar el bienestar de la niñez en el Estado de México.
